Las manifestaciones que comenzaron en Cataluña se extendieron a todo el país. El cantante fue apresado después de tuitear contra la monarquía y las fuerzas de seguridad
Las protestas en España a raíz del encarcelamiento del rapero Pablo Hasel por unos tuits insultantes hacia la monarquía y las fuerzas de seguridad se extendieron anoche fuera de Cataluña, a Madrid y otras ciudades, y la Policía detuvo a más de 50 personas.
Las primeras manifestaciones se habían producido la noche del martes en ciudades de la Cataluña natal de Hasel, horas después de que la Policía se llevara detenido al rapero, de 32 años, para que empezara a cumplir una pena de nueve meses de prisión.
Éste se había negado a ingresar voluntariamente, y se había atrincherado en la universidad de su ciudad, Lérida.
Las protestas se extendieron anoche a Madrid, donde cientos de manifestantes se enfrentaron a la Policía en la céntrica Puerta del Sol, a gritos de «¡Pablo Hasél, libertad!».
Machete en mano, los agentes cargaron varias veces contra los manifestantes, que replicaron con lanzamientos de botellas y destrozaron luego las vidrieras de algunos comercios cercanos, informó la agencia de noticias AFP.
En la capital hubo 19 detenidos, indicó hoy la delegación del Gobierno en Madrid. Los servicios de emergencias informaron de 55 heridos, entre ellos 35 policías.
También hubo incidentes violentos en la ciudad andaluza de Granada, donde los manifestantes quemaron contenedores de basura. Las autoridades reportaron cuatro detenidos.
En Barcelona, los manifestantes lanzaron objetos a la Policía y levantaron barricadas que luego incendiaron.
En toda Cataluña, la policía regional, Mossos d’Esquadra, dijo haber detenido anoche a 33 personas. Fuentes médicas hablaron de ocho heridos leves.
El martes por la noche, 15 personas habían sido ya detenidas en Cataluña, por unas protestas en las que resultaron heridas 30 personas, incluidos 19 policías.
Hasel, que tenía antecedentes penales, ingresó en prisión por un delito de «enaltecimiento del terrorismo» en unos tuits publicados entre 2014 y 2016, y que le valieron una condena en 2018.
En ellos calificaba al rey Juan Carlos I de «mafioso» y «ladrón», acusaba a la Policía de matar y torturar a migrantes y manifestantes y mencionaba como referentes a personas implicadas en delitos de extremismo.
Su caso generó un nuevo debate sobre la libertad de expresión en España.
Amnistía Internacional (AI) tachó la pena recibida de «desproporcionada», y antes de su ingreso en prisión, unas 200 personalidades, entre ellas el director de cine Pedro Almodóvar y el actor Javier Bardem firmaron un manifiesto de apoyo al rapero.
El caso provocó incomodidad en la coalición de izquierdas en el poder, presidida por el socialista Pedro Sánchez, que se comprometió a revisar el código penal para que este tipo de delitos no sean sancionados con penas de cárcel.
Su socio minoritario, el izquierdista Unidas Podemos, del vicepresidente segundo Pablo Iglesias, presentó ayer una solicitud de indulto para el rapero.
Hoy, la portavoz parlamentaria del conservador Partido Popular (PP), Cuca Gamarra, urgió a Sánchez a cesar a Iglesias por considerarlo el máximo responsable de un partido que «alienta» y «promueve» la violencia en las calles del país.
Gamarra, asimismo, pidió a la Fiscalía General del Estado que investigue estas protestas que se está llevando a cabo.