El presidente estadounidense suspendió los arreglos que obligaban al migrante a esperar en su país de origen
El gobierno de Joe Biden volvió a revertir una de las medidas migratorias más cuestionadas de la era de Donald Trump al suspender en las últimas horas los acuerdos que había firmado con los tres principales países de origen de los migrantes y refugiados de Centroamérica y que buscaban evitar que sus ciudadanos pidieran asilo en suelo norteamericano.
«Estados Unidos suspende e inicia el procedimiento para rescindir los Acuerdos de Cooperación sobre Asilo con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras como los primeros pasos concretos para una mayor asociación y cooperación en la región», informó anoche el Departamento de Estado en un comunicado firmado por su titular, Antony Blinken, citado por la agencia de noticias Sputnik.
La suspensión tiene efecto inmediato y significa que los demandantes de asilo no tendrán forzosamente que iniciar el trámite legal para pedir refugio en Estados Unidos en alguno de estos países y esperar allí hasta que le sea otorgado.
Según los acuerdos, firmados en 2019 tras gran presión de Washington, al considerar a estos países centroamericanos -tres de los más violentos del mundo- como seguros, los demandantes de asilo que pasarán por esos territorios de camino a Estados Unidos estaban obligados a iniciar y esperar el trámite allí. De no hacerlo, inhabilitaban por completo sus chances de obtenerlo.
Ante las expectativas de que el gobierno de Biden está creando con la suspensión y la vuelta atrás de muchas de las trabas migratorias creadas por Trump, su secretario de Estado aclaró anoche que ninguna de estas medidas «significa que la frontera de Estados Unidos quede abierta». «Aunque estamos comprometidos con expandir las vías legales para la protección y las oportunidades aquí y en la región, Estados Unidos es un Estado con fronteras y leyes que deben respetarse», destacó Blinken.
Hace una semana, Biden había firmado tres decretos para contrarrestar las «malas» políticas migratorias de su antecesor, entre ellas una propuesta para otorgar la ciudadanía a los entre nueve y 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país y otra para favorecer la reunificación familiar.