El 5 de febrero de 2014 fallecieron 8 bomberos y dos integrantes de Defensa Civil en un depósito en el barrio porteño de Barracas
A siete años del incendio de un depósito de la empresa Iron Mountain en el barrio de Barracas, que causó la muerte de ocho bomberos y dos agentes de Defensa Civil, los familiares de las víctimas esperan un nuevo pronunciamiento de la justicia que especifique quiénes fueron los responsables y si se trató de un hecho intencional.
Este escenario de duda quedó configurado así desde el pasado 29 de diciembre cuando la Cámara Nacional en lo Criminal anuló los procesamientos de doce exfuncionarios del Gobierno porteño -por entonces a cargo de Mauricio Macri- y cinco directivos de Iron Mountain por el incendio ocurrido el 5 de febrero de 2014.
En aquel fallo, la Cámara del Crimen aclaró que no se expedía sobre la responsabilidad de los imputados sino sobre los «defectos» de la instrucción del sumario y sostuvo que los procesamientos ordenados en febrero de 2018 habían sido dispuestos luego de una «grotesca» y «deficiente investigación», por lo que le ordenó al juez Pablo Ormechea dictar una nueva resolución.
«Es inadmisible que a casi siete años de este luctuoso episodio aún no se sepa cómo, dónde y por qué se inició el foco ígneo. Y debemos señalarlo con dureza porque no sólo merece una respuesta la sociedad, la cual reclama mejores modelos de acceso a la Justicia que garanticen procesos efectivos, rápidos y transparentes, sino, sobre todo, los familiares de las víctimas que perdieron la vida», sostuvo en aquel momento la Cámara del Crimen.
En el mismo fallo se señalaba que el juez había desatendido aquellos indicios que señalaban que el incendio del depósito de Iron Mountain podría haber sido producido intencionalmente, como los señalaron en febrero de 2015 los peritos de la División Siniestros de la Policía Federal Argentina y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) presentaron en sus informes.
Sin contradecir de plano esa conclusión, un tiempo más tarde se sumó al expediente otro estudio, esta vez realizado por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) que sostuvo que no se podía afirmar que el incendio hubiera sido intencional pero que tampoco quedaba descartado como hipótesis.
El fallo que mandó dictar una nueva resolución benefició a Eduardo Alfredo Sueyras, director de seguridad e higiene para América Latina de la firma; Guillermo Eduardo Lockhart, gerente general, y Héctor Eduardo García, jefe de Seguridad e Higiene de Iron Mountain Argentina.
También alcanzó a los exfuncionarios Vanesa Berkowsky, quien fue directora general de Fiscalización y Control de la ciudad y ya fue procesada por el derrumbe en el boliche Beara, que provocó la muerte de dos chicas; Luis Alberto Cogo, jefe del Departamento de Actividades Generales Críticas; Roberto José Chiesa, director de Industrias y Otros Locales; y Silvia Miriam Hers, jefa del Departamento de Programación Operativa.
Los otros beneficiados son Gastón Luis Laugle y Patricia Moroni, responsables de la Dirección de Administración y Gestión Operativa; Rafael Mario Roldán y Pierre Louis Chapar, encargados de la Dirección General de Fiscalización y Control; Félix Lugo, Ricardo Grunfeld, Alberto Graziani, Jorge Papanicolau, Oscar Alfredo Godoy y Christian Walter Castiñeiras.
A 7 años de un incendio trágico
En la mañana del 5 de febrero de 2014 se produjo un incendio en el depósito de la firma Iron Mountain, ubicado en la calle Azara 1245, en Barracas, cuya propagación provocó que la estructura metálica (columnas y cabriadas) que sostenía el techo comenzara a ceder ante la alta temperatura y derrumbara la pared de la calle Jovellanos a la que se encontraba empotrada.
Como consecuencia de ello fallecieron el comisario inspector Leonardo Day, la subinspectora Anahí Garnica, los cabos Carlos Veliz, Eduardo Adrián Conesa y Maximiliano Martínez, el agente Juan Matías Monticelli (del Cuartel I de Bomberos de la Policía Federal), los bomberos voluntarios Sebastián Ezequiel Campos y Facundo Ricardo Ambrosi (cuartel Vuelta de Rocha) y Pedro Esteban Barícola y José Méndez Araujo, de Defensa civil.
En febrero de 2018, el juez en lo criminal Pablo Ormaechea dictó los procesamientos con embargos por presunto «incendio culposo seguido de muerte», decisión que, apelada por las defensas y tras largo trámite, llegó a la definición de la Sala VI de la Cámara del Crimen.
A pesar del letargo judicial, los familiares de las víctimas no se resignaron y consideraron que el fallo de que ordenó el dictado de una nueva resolución se abría la posibilidad de que finalmente se dictaran nuevos y más sólidos procesamientos para avanzar finalmente hacia un juicio oral y público, según pudo saber Télam.
«Estamos con muchas expectativas de que el juez pueda solucionar las deficiencias del dictamen, necesitamos que se haga justicia de una vez por todas y el que tenga que pagar que pague. Queremos que el juez trabaje como corresponda y esto tenga un final como todas las familias necesitamos», le dijo a Télam Liliana Baricola, hermana de Pedro, uno de los rescatistas fallecidos.