Por Ximena Cardoso Ramirez, Licenciada en Ciencia Política, integrante del área de Políticas de ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género)
El 2020 fue muy positivo en cuanto avances en las leyes de paridad de género a nivel provincial. Para inicios del año pasado había 10 provincias que todavía no habían hecho ninguna adecuación de sus leyes provinciales de cupo en relación a la Ley Nacional de Paridad de género en ámbitos de representación política, sancionada a fines de 2017. Sin embargo, fruto de la organización transpartidaria y de las negociaciones de las legisladoras, ocurrieron reformas en 7 provincias. Hacemos un breve repaso de los avances legislativos que hicieron estas jurisdicciones.
El 10 de septiembre, La Pampa dio el puntapié inicial sancionando una Ley para que exista paridad para los cargos públicos electivos, tanto en la fórmula de gobernación como en intendencias. El 25 de ese mes, La Rioja aprobó también la Ley de Paridad de Género para cargos electivos, legislativos, deliberativos y partidarios.
El 22 de octubre Santa Fe sancionó su Ley de Paridad donde dictaminó el principio de paridad de género para la integración de los tres poderes, además de partidos políticos y otros entes públicos.
El 13 de noviembre, el mismo tipo de reforma sucedería en Entre Ríos. Pocos días después, el 18, San Luis también aprobó una Ley de Paridad de Género. Además aprobó una disposición transitoria para que en el 2021 y 2023 las boletas de candidatos a diputados provinciales deban ser encabezadas por mujeres. Esto es clave para alcanzar una paridad efectiva. Durante las elecciones del 2019, según un relevamiento de ELA, menos del 20% de las listas estuvieron encabezadas por mujeres.
En diciembre ocurrieron las últimas dos reformas. Por un lado Jujuy que se adecuó a la Ley Nacional y San Juan que introdujo el mismo principio de paridad de géneros para cargos electivos. En el caso de San Juan hay que destacar que la norma además incorpora un lenguaje con perspectiva de género.
Algo interesante para destacar es que varias de estas iniciativas fueron iniciadas o respaldadas fuertemente por los poderes ejecutivos provinciales ya sea para cumplir con promesas de campañas o debido a que era una demanda impostergable. Es el caso de La Pampa, La Rioja o Entre Ríos. Esto da cuenta por un lado, de que las mujeres políticas lograron imponer su agenda, demostrando capacidad de construcción política e influencia en la toma de decisiones. Por el otro, que la presión de los distintos grupos de mujeres de la sociedad civil, de diversos partidos políticos, sectores académicos y profesionales con sus distintas acciones y estrategias también fueron efectivos. Algunos ejemplos de esto son Ojo Paritario y la Mesa de Mujeres en Santa Fe, la Red Multisectorial para la igualdad en Entre Rios o la Red de Mujeres Políticas de Jujuy.
Solo quedan 3 provincias sin reformar sus leyes de cupo: Tucumán, Tierra del Fuego y Corrientes. Este es un año electoral por lo que difícilmente pueda prosperar alguna reforma. Sin embargo, para los cargos de nivel nacional todas las provincias deben respetar la Ley nacional. Esto ya implica una presión, sumado a la organización de las mujeres y al impulso y legitimidad que esta iniciativa ganó en el 2020.
Será importante el monitoreo en la implementación de estas nuevas reformas para que se cumplan efectivamente, a eso nos comprometemos desde ELA como organización de la sociedad civil.