A diferencia de la norma establecida en diciembre de 2019, en el marco de la Emergencia Económica, y extendida durante 2020, en esta ocasión el Poder Ejecutivo dispuso que el recargo que deberán afrontar los empleadores no podrá superar los $500.000.
El Gobierno Nacional decidió este jueves prorrogar la doble indemnización por un año más, aunque con alguna flexibilización favorable a los empresarios. A diferencia de la norma establecida en diciembre de 2019, en el marco de la Emergencia Económica, y extendida durante 2020, en esta ocasión el Poder Ejecutivo dispuso que el recargo que deberán afrontar los empleadores no podrá superar los $500.000.
Esto significa que si a un trabajador le corresponde a la hora de su desvinculación injustificada una indemnización de $600.000, esta vez no cobrará $1,2 millones sino $1,1 millones ($600.000 más el tope de $500.000). En el mismo sentido, si la indemnización correspondiente es de $5 millones, el empleado recibirá $5,5 millones, un monto considerablemente más bajo respecto de los $10 millones que hubiese obtenido el año pasado frente a una situación similar.
De este modo, el Gabinete Económico de Alberto Fernández busca amortiguar el impacto de despidos en cargos de alto rango jerárquico. «Ante los indicios objetivos de reactivación económica, se justifica una adecuación cuantitativa por medio de la fijación de un tope en la parte correspondiente a la duplicación de la indemnización, que mantiene la intensidad de la tutela en los trabajadores de menores ingresos y constituye un razonable instrumento en las particulares vicisitudes por las que atraviesa el mercado de trabajo», se puede leer en un borrador del decreto al que tuvo acceso Ámbito.
Al respecto, Martín Kalos, director de la consultora EPyCA, sostuvo en diálogo con este medio que “la decisión beneficia a las empresas que tienen que despedir a gente con salarios altos, ya sea por antigüedad, por jerarquía o por favorables convenios colectivos de trabajo”.
En ese sentido, ejemplificó que “una persona que trabaja con el convenio colectivo de aceiteros, de bancarios o de aeronáuticos rápidamente alcanzaría una indemnización mayor a $500.000”, por cual los empleados de esos gremios son los más afectados. “En cambio, en gremios como comercio, que tienen salarios más bajos, son menos los casos que llegan a esos $500.000”, acotó.
Se prevé que el nuevo decreto entrará en vigencia la semana que viene. Cabe aclarar que la doble indemnización rige solamente para el personal previo a la publicación de la medida en el boletín oficial, por lo cual no afecta a los empresarios que desean contratar empleados nuevos.
Paralelamente, el Gobierno también prorrogó por tres meses la vigencia de la prohibición de despidos. “La protección preferente de las trabajadoras y los trabajadores es una garantía que la CONSTITUCIÓN NACIONAL incluye en el artículo 14 bis y que, en idéntico sentido, normas internacionales incorporadas en el artículo 75, inciso 22, obligan a adoptar medidas robustas de mayor intensidad en contextos excepcionales que ponen en riesgo el propio tejido del sistema de relaciones laborales”, fue la justificación para ambas medidas.
Además, el Gobierno hizo hincapié en el compromiso que asumió Argentina en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para “garantizar el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante su trabajo, que le asegure condiciones de existencia dignas para ella y para su familia”.
La prohibición a los despidos conformó a la CGT, a pesar del tope dispuesto para la doble indemnización. Por el contrario, desde el sector empresarial expresaron su rechazo a las prórrogas.
Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA, aseguró que las medidas “no evitan lo inevitable, porque hay caída del empleo” y sostuvo que “no son decisiones consecuentes con el objetivo de pasar a un crecimiento sustentable” ya que van en contra de la creación de empleo formal.
No obstante, vale remarcar que estas políticas amortiguaron el golpe sobre el empleo formal en 2020, un año en el cual la actividad económica se desplomó cerca de 12%. Los últimos datos disponibles, correspondientes a octubre, arrojaron que solo hubo 195.000 puestos de trabajo registrados menos que en febrero, previo a la llegada de la pandemia, y que hubo incluso algunos sectores que incrementaron sus nóminas (la industria manufacturera sumó 4.500 empleos).
Según estimaciones, desde el inicio de la pandemia se llevaron a cabo cerca de 600.000 desvinculaciones bajo la modalidad de retiro voluntario, algunas con ofertas equivalentes a la doble indemnización y otras por montos inferiores.
Kalos ve un posible conflicto en caso de que el tope a la doble indemnización incentive el despido de personas con mayores derechos laborales ya que, en el actual contexto, seguramente sean reemplazados por trabajadores informales y con menores derechos laborales. “Eso es lo que ocurrió con el Gobierno de Mauricio Macri. La apuesta ahora es que la recuperación lleve a que se creen de manera medianamente rápida puestos de trabajo formales, pero eso hoy no está en el horizonte de corto plazo.”