La diputada provincial Claudia Giaccone presentó un proyecto en la legislatura donde expresó su profunda preocupación por la medida anunciada por parte del Ministerio de Agroindustria de la Nación de dar de baja el Monotributo Social Agropecuario (MSA). Unas 3500 familias estarían afectadas en Santa Fe.
El MSA es destinado a organizaciones indígenas, campesinas de pequeños productores y de la agricultura familiar de toda la Argentina. Fue creado en el año 2009 con la finalidad de ampliar el espectro de derechos para todos los sectores sociales, y de regularizar las condiciones mínimas y dignas del trabajo.
Actualmente, unas 100 mil familias gozan del beneficio en todo el país. Consiste en el acceso a obra social, aportes jubilatorios y posibilidad de facturación, a cambio de costo cero para los productores que se hayan inscripto en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar.
“Es notable el desprecio que manifiesta el Gobierno Nacional contra los sectores más vulnerables en cada una de sus medidas. Aún más, si se tiene en cuenta que esta medida tiene que ver con el ajuste de las cuentas públicas reclamado por el Fondo Monetario Internacional, recetas a las cuales el gobierno mecánicamente obedece. El mismo gobierno que le quite retenciones en algunos casos y rebaja en otros a los agroexportadores, hoy ajusta por el mismo lado de siempre”, pronunció la diputada.
En efecto, el anuncio de la baja fue efectuado por el Secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial del Ministerio de Agroindustria, Santiago Hardie. Según este funcionario, «entre el 2 del mes próximo y el 10 de agosto todos los actuales beneficiarios deberán reempadronarse. Quienes lo hagan conservaran el beneficio actual, de manera gratuita, hasta fin de año. A partir del 1 o de enero de 2019, los productores familiares mantendrán su inclusión en el Registro de Efectores Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y serán beneficiarios del actual Monotributo Social, manteniéndose así el aporte del 75% del beneficio a cargo del Estado Nacional o podrán optar por darse de baja del régimen».
Esto significa que el 25% restante, que estaba a cargo de Agroindustria, dejara de estarlo, ya que deberán soportarlo los pequeños productores que, también deberán cubrir la proporción del beneficiario adherente (obra social para integrantes de la familia), por lo que la carga para el pequeño productor podrá pasar a ser considerable.
“Instamos al gobierno de la provincia a que inicie gestiones ante las autoridades nacionales tendientes a que revea la medida, en salvaguarda de los pequeños productores santafesinos que hoy gozan de ese beneficio y ven el peligro inminente de ver cercenados sus legítimos derechos. En función de lo antedicho, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto”, finalizó la legisladora.