Sospechan que los agentes de la Policía de Córdoba colaboraron para intentar ocultar la escena del crimen. La causa tiene 16 imputados, de los cuales 13 son policías
Tes oficiales de policía de Córdoba continuarán presos como acusados en el marco de la causa por el crimen de Valentino Blas Correas, quien fue asesinado por efectivos policiales de un balazo por la espalda la madrugada del 6 de agosto cuando circulaba a bordo de un auto junto a sus amigos en la capital provincial, informaron fuentes judiciales.
Se trata de los comisarios mayor Walter Soria y Jorge Galleguillo, además del subcomisario Enzo Quiroga, quienes continuarán con prisión preventiva acusados de los delitos de «omisión de los deberes de funcionario público» y «encubrimiento agravado».
Voceros de la justicia indicaron que se sospecha que los tres policías, quienes están detenidos desde el 27 de noviembre, colaboraron para intentar ocultar la escena del crimen.
La causa tiene 16 imputados, de los cuales 13 son policías, y los tres restantes son empleados de la clínica Aconcagua, quienes se habrían negado a atender a Blas cuando los amigos lo llevaron hasta ese lugar luego de recibir el balazo en la espalda que terminó con su vida.
El hecho que se investiga ocurrió en la madrugada del 6 de agosto pasado, cuando Blas se movilizaba en un auto con cinco amigos y, aparentemente, habrían evadido un control policial en la zona sur de la ciudad de Córdoba.
Según la investigación, los policías dispararon varios tiros y uno de los proyectiles ingresó por la luneta y se incrustó en el omóplato de Valentino, quien se hallaba en el asiento trasero y murió a causa de la herida.
Posteriormente los policías, al menos dos de ellos, plantaron un arma con el objetivo de justificar los disparos mediante un «falso» enfrentamiento.
La investigación preliminar sostiene que los efectivos Javier Alarcón y Lucas Gómez dispararon contra el automóvil, pero que sería desde el arma de Alarcón la bala que mató al adolescente.
Mientras, semanas atrás, la agente policial Wanda Esquivel, imputada por «encubrimiento agravado y omisión de los deberes de funcionario público», declaró ante el fiscal Mana que Alarcón sacó un arma de su chaleco y le pidió que la tirara por la ventana del móvil en que se movilizaban, en una zona cercana donde presuntamente los chicos evadieron un control policial