La Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), junto a otras asociaciones empresariales del sector, volvió a pedirle a Nación que actualice los valores del biocombustible de forma urgente
Las cámaras empresarias dedicadas a la producción de biodiesel lanzaron una nueva advertencia con carácter de urgencia para que desde el gobierno nacional se los escuche y asista.
Según denuncian, Nación no actualiza los valores del biocombustible destinado para su uso en el mercado interno desde hace 11 meses.
Esta situación hace que muchas pymes del sector prefieran reducir los volúmenes de producción o directamente cerrar sus puertas para no “perder” más dinero del que ya están perdiendo con semejante atraso tarifario.
“En nuestra provincia están en juegos unos 10.000 puestos de empleo, de manera directa e indirecta”, sostuvieron desde la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), aludiendo al actual cuadro crítico industrial.
Junto a ellas, otras asociaciones empresariales se sumaron al pedido, tales como la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb), y la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (Capba), que reúnen a “la totalidad de las empresas elaboradoras de biodiesel con destino al corte obligatorio”.
“El gobierno nacional continúa de manera arbitraria, discriminatoria e ilegal con la decisión de no calcular, actualizar y determinar el precio de venta acorde a los costos reales que tiene la industria y al marco regulatorio vigente para la actividad, en abierta violación de la ley 26.093, situación que lleva más de 11 meses”, cuestionaron las tres cámaras empresarias en un nuevo comunicado.
Según advierten, todas las elaboradoras de biodiesel “continúan paralizadas porque no es posible producir con el precio acordado por la Nación, ya que el mismo resulta insuficiente para cubrir la compra de la materia prima y los demás costos de producción”.
El precio vigente “implica que las 28 empresas de biodiesel (instaladas en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Entre Ríos y Santiago del Estero) no trabajan desde hace más de 5 meses, acrecentando y agravando aún más la crisis que atraviesa el sector, colocándolo en un estado de situación terminal”.
Al tema precios suman el reclamo de que no se cumple “desde hace más de 8 meses (con el inicio de las cuarentenas adoptadas ante el coronavirus) con los porcentajes legales de corte obligatorio” a pesar de que hay “capacidad ociosa de combustibles renovables y alternativos de producción nacional”. Esa decisión, apuntan, genera una salida de divisas por importaciones de gasoil y presiona así “aún más sobre las débiles reservas de dólares del Banco Central”.