El tercer aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman, que se cumple hoy, estuvo signado por el pedido público de allegados, dirigentes comunitarios y funcionarios del Gobierno nacional para que el hecho, ya considerado un crimen por la Justicia, sea declarado «delito de lesa humanidad».
El presidente de la AMIA, Agustín Zbar, consideró que la muerte del fiscal Nisman «está indisolublemente ligada a su tarea como fiscal de la causa AMIA, un crimen de lesa humanidad así declarado por la Justicia», y que por esa razón «bien podría asociarse esa consideración a su asesinato» y ser declarado también «delito de lesa humanidad».
Así lo expresó a Télam en el cementerio de La Tablada, donde Nisman fue homenajeado esta mañana al cumplirse tres años de su muerte, con la presencia de sus hijas, Iara y Kala; su ex mujer, Sandra Arroyo Salgado; su madre, Sara Garfunkel y su hermana Sandra Nisman, entre otros.
Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro y ex pareja de Nisman, fue quien planteó que el asesinato del fiscal sea considerado un delito de lesa humanidad, al considerar que su muerte fue «un crimen de Estado» ya que «se usaron los tres poderes del Estado para intentar simular un suicidio» y para «encubrir graves violaciones a los derechos humanos».
En igual sentido se expresó el fiscal general ante la Cámara Criminal y Correccional, Ricardo Sáenz, según quien la muerte de Nisman podría ser considerada «delito de lesa humanidad», porque así está encuadrado el atentado a la AMIA.
En diálogo con radio La Red, Sáenz coincidió con Arroyo Salgado en cuanto a que a Nisman «lo mataron para silenciarlo» porque sabían que era «la única forma de callarlo»,
«No estoy en condiciones de afirmar de que hayan intervenido agentes del Estado, pero de que lo mataron para callarlo, no tengo dudas», consideró Sáenz.
Arroyo Salgado también dijo que es «realista» y sabe que va a ser «muy difícil avanzar» en la causa judicial, «en cuanto a despejar todos los que estuvieron detrás del plan criminal», tal como lo calificó el juez federal Julián Ercolini, que lleva adelante la investigación.
Nisman fue hallado muerto en su departamento de la torre Le Parc, de Puerto Madero, el 18 de enero de 2015, y un peritaje realizado por expertos de Gendarmería Nacional estableció que fue asesinado, lo que derivó en el procesamiento del técnico informático Diego Lagomarsino y de los custodios Rubén Benítez, Néstor Durán, Luis Miño y Armando Niz.
Lagomarsino, como presunto partícipe necesario del «plan homicida» que el juez federal Julián Ercolini entendió que se dio en torno a la muerte de Nisman, y los custodios, como presuntos encubridores y por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Unos días antes, Nisman había denunciado penalmente a la entonces presidenta Cristina Kirchner y otros funcionarios y dirigentes kirchneristas, por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA, a raíz de la firma del finalmente fallido Memorándum de Entendimiento con Irán.
Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, también recordaron al fallecido fiscal.
En una entrevista con Télam Radio, Garavano planteó que sería «muy importante» que en el transcurso de este año, hubiera «definiciones» judiciales sobre su muerte, luego de haber estado «trabada».
«El año pasado se han hecho avances que no se habían hecho anteriormente. Es muy importante el peritaje que se ha hecho y los avances del juez (Julián) Ercolini y del fiscal (Eduardo) Taiano. Tenemos que tener la mirada puesta en estos avances para que, finalmente, se nos pueda informar a los argentinos qué fue lo que sucedió con el fiscal Nisman», señaló.
Avruj se manifestó en el mismo sentido y lamentó que durante el gobierno de la senadora Cristina Kirchner hubiera «mucha desidia para investigar prontamente» la muerte del titular de la UFI-AMIA, y aseguró que se intentó «descalificar, acusar, ensuciar, distraer y obstaculizar» la pesquisa.
«Hemos sido testigos de dichos, desde la presidenta (Cristina Kirchner) hasta varios ministros de entonces, de descalificar, de acusar hasta a la madre de Nisman, de ensuciar, de distraer y obstaculizar» la pesquisa, dijo Avruj.
De esta manera, Avruj consideró una «mirada interesante y acertada que debe debatir la Justicia» al pedido de Arroyo Salgado en cuanto a que la muerte «fue un crimen de Estado que encubre graves violaciones a los derechos humanos».
«Me parece que es una mirada interesante y acertada que debe debatir la Justicia», afirmó Avruj en declaraciones a FM Delta, y agregó: «Por lo que representa el asesinato de una figura pública, es lógico, apropiado y necesario» que se considere delito de lesa humanidad.
«Si no estuvo involucrado el Estado, hubo mucha desidia para investigar prontamente de qué se trató, como pasó con la Amia, donde hubo obstáculos y donde el Estado tenía que haber puesto todo en su momento y no lo hizo», aseguró el secretario de Derechos Humanos de la Nación.
Arroyo Salgado también habló de «magnicidio» al referirse a la muerte de su ex pareja, destacó el hecho de que la Justicia haya caratulado la causa como «homicidio» (simple calificado por el empleo de arma de fuego) y pidió contemplar agravantes como «ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso» y «el concurso premeditado de dos o más personas», en sintonía con lo que sostiene el juez Ercolini de que se trató de un plan criminal.
En este marco, les dijo a los legisladores que «incorporar esa figura en el Código Penal porque, con el magnicidio de Nisman, se cruzó una raya».
Además de familiares de Nisman estaban presentes en el acto el titular de la Daia, Ariel Cohen Sabban, y el rabino y ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman.
El presidente de la AMIA, Agustín Zbar, consideró que la muerte del fiscal Nisman «está indisolublemente ligada a su tarea como fiscal de la causa AMIA, un crimen de lesa humanidad así declarado por la Justicia», y que por esa razón «bien podría asociarse esa consideración a su asesinato» y ser declarado también «delito de lesa humanidad».
Así lo expresó a Télam en el cementerio de La Tablada, donde Nisman fue homenajeado esta mañana al cumplirse tres años de su muerte, con la presencia de sus hijas, Iara y Kala; su ex mujer, Sandra Arroyo Salgado; su madre, Sara Garfunkel y su hermana Sandra Nisman, entre otros.
Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro y ex pareja de Nisman, fue quien planteó que el asesinato del fiscal sea considerado un delito de lesa humanidad, al considerar que su muerte fue «un crimen de Estado» ya que «se usaron los tres poderes del Estado para intentar simular un suicidio» y para «encubrir graves violaciones a los derechos humanos».
En igual sentido se expresó el fiscal general ante la Cámara Criminal y Correccional, Ricardo Sáenz, según quien la muerte de Nisman podría ser considerada «delito de lesa humanidad», porque así está encuadrado el atentado a la AMIA.
En diálogo con radio La Red, Sáenz coincidió con Arroyo Salgado en cuanto a que a Nisman «lo mataron para silenciarlo» porque sabían que era «la única forma de callarlo»,
«No estoy en condiciones de afirmar de que hayan intervenido agentes del Estado, pero de que lo mataron para callarlo, no tengo dudas», consideró Sáenz.
Arroyo Salgado también dijo que es «realista» y sabe que va a ser «muy difícil avanzar» en la causa judicial, «en cuanto a despejar todos los que estuvieron detrás del plan criminal», tal como lo calificó el juez federal Julián Ercolini, que lleva adelante la investigación.
Nisman fue hallado muerto en su departamento de la torre Le Parc, de Puerto Madero, el 18 de enero de 2015, y un peritaje realizado por expertos de Gendarmería Nacional estableció que fue asesinado, lo que derivó en el procesamiento del técnico informático Diego Lagomarsino y de los custodios Rubén Benítez, Néstor Durán, Luis Miño y Armando Niz.
Lagomarsino, como presunto partícipe necesario del «plan homicida» que el juez federal Julián Ercolini entendió que se dio en torno a la muerte de Nisman, y los custodios, como presuntos encubridores y por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Unos días antes, Nisman había denunciado penalmente a la entonces presidenta Cristina Kirchner y otros funcionarios y dirigentes kirchneristas, por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA, a raíz de la firma del finalmente fallido Memorándum de Entendimiento con Irán.
Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, también recordaron al fallecido fiscal.
En una entrevista con Télam Radio, Garavano planteó que sería «muy importante» que en el transcurso de este año, hubiera «definiciones» judiciales sobre su muerte, luego de haber estado «trabada».
«El año pasado se han hecho avances que no se habían hecho anteriormente. Es muy importante el peritaje que se ha hecho y los avances del juez (Julián) Ercolini y del fiscal (Eduardo) Taiano. Tenemos que tener la mirada puesta en estos avances para que, finalmente, se nos pueda informar a los argentinos qué fue lo que sucedió con el fiscal Nisman», señaló.
Avruj se manifestó en el mismo sentido y lamentó que durante el gobierno de la senadora Cristina Kirchner hubiera «mucha desidia para investigar prontamente» la muerte del titular de la UFI-AMIA, y aseguró que se intentó «descalificar, acusar, ensuciar, distraer y obstaculizar» la pesquisa.
«Hemos sido testigos de dichos, desde la presidenta (Cristina Kirchner) hasta varios ministros de entonces, de descalificar, de acusar hasta a la madre de Nisman, de ensuciar, de distraer y obstaculizar» la pesquisa, dijo Avruj.
De esta manera, Avruj consideró una «mirada interesante y acertada que debe debatir la Justicia» al pedido de Arroyo Salgado en cuanto a que la muerte «fue un crimen de Estado que encubre graves violaciones a los derechos humanos».
«Me parece que es una mirada interesante y acertada que debe debatir la Justicia», afirmó Avruj en declaraciones a FM Delta, y agregó: «Por lo que representa el asesinato de una figura pública, es lógico, apropiado y necesario» que se considere delito de lesa humanidad.
«Si no estuvo involucrado el Estado, hubo mucha desidia para investigar prontamente de qué se trató, como pasó con la Amia, donde hubo obstáculos y donde el Estado tenía que haber puesto todo en su momento y no lo hizo», aseguró el secretario de Derechos Humanos de la Nación.
Arroyo Salgado también habló de «magnicidio» al referirse a la muerte de su ex pareja, destacó el hecho de que la Justicia haya caratulado la causa como «homicidio» (simple calificado por el empleo de arma de fuego) y pidió contemplar agravantes como «ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso» y «el concurso premeditado de dos o más personas», en sintonía con lo que sostiene el juez Ercolini de que se trató de un plan criminal.
En este marco, les dijo a los legisladores que «incorporar esa figura en el Código Penal porque, con el magnicidio de Nisman, se cruzó una raya».
Además de familiares de Nisman estaban presentes en el acto el titular de la Daia, Ariel Cohen Sabban, y el rabino y ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman.