Tras el comunicado de la Asociación de Fiscales, el senador de la UCR defendió el accionar de la Legislatura provincial en el marco del proceso contra el fiscal Adrián Spelta. "Que algunos se sientan intocables es repugnante para el estado moderno", lanzó
La constante tensión que existe entre los legisladores provinciales y el Ministerio Público de la Acusación sumó un nuevo capítulo este sábado luego de que la Asociación de Fiscales de Santa Fe emitiera un duro comunicado acusando a la Legislatura de “despreciar los fallos judiciales”, tras la decisión de diputados y senadores de avanzar con las sanciones hacia el fiscal Adrián Spelta, sospechado por irregularidades en la excarcelación de un narcotraficante que era juzgado por triple tentativa de homicidio en 2017.
Tras conocerse el texto, el senador Lisandro Enrico aseguró a CLG que algunos integrantes del Poder Judicial “piensan que tienen la inmunidad del rebaño y que no tienen que dar cuenta de sus actos”. Y agregó: “Deben responder ante la sociedad como nosotros que lo hacemos cada cuatro años. Resulta que nadie puede juzgar a un señor fiscal. Nosotros no pensamos así”.
Entre otras cosas, los fiscales señalaron que “nuestros legisladores incurren en un acto de total desprecio a los fallos judiciales y por consiguiente, al Poder Judicial, a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial, convocando una reunión conjunta de ambas Cámaras para decidir la aplicación de una sanción a un fiscal del MPA”.
“Más que por la asociación de fiscales, el comunicado parece escrito por el grupo de amigos fiscal Spelta. Esto de confundir la dependencia del Poder Judicial con la sensación de sentirse intocables es repugnante para el estado moderno”, indicó Enrico, y evaluó que “las reacciones surgen porque ellos quieren mantener el control interno y ya está demostrado que es un fracaso, por eso hay que aplicar el control cruzado”.
“El Poder Legislativo es el más democrático de los poderes, nosotros no tenemos cargos de por vida como los fiscales. Levantamos la mano para ponerlos y resulta que no podemos cuestionar su accionar. Los que ponemos la cara somos nosotros. Los señores fiscales no tienen un cheque en blanco”, puntualizó el legislador.
La acusación contra Spelta
Los legisladores provincial cuestionan particularmente la decisión del funcionario del MPA de acordar con la defensa la prisión domiciliaria de un peligroso delincuente, acusado de tentativa de homicidio en triple grado. Se trata de Emanuel Sandoval, un narcotraficante que era juzgado por triple tentativa de homicidio en 2017. “Ema Pimpi” fue asesinado en octubre de 2019 y había sido beneficiado con la prisión domiciliaria que acordara Spelta, y que dos jueces otorgaron.
En otra causa anterior, Sandoval admitió ser quien disparó, en 2013, contra el domicilio del entonces gobernador Antonio Bonfatti. “Spleta está cuestionado porque dejó libre a un delincuente que tenía que estar preso”, remarcó Enrico en diálogo con CLG.
“Él tenía la obligación de representar al poder punitivo y firmó un sospechoso acuerdo para dejarlo en la casa. Que un poder del Estado no pueda suspender a un fiscal cuando actúa en contra del espíritu de la ley es incomprensible. Esta causa no la inició el poder político, arrancó en el Ministerio Público de la Acusación, por eso se me cae la cara de vergüenza cuando leo el comunicado. La normativa es clara y se le va a aplicar la suspensión”, concluyó.
Prisiones domiciliarias
Enrico es el autor de una reforma que se aprobó en la Legislatura en 2017 sobre la prisión domiciliaria. Antes se otorgaba usualmente, pero a partir de aquella norma es menor el margen que tienen los jueces y fiscales para poder otorgar ese beneficio.
El senado aprobó esas modificaciones por unanimidad, que establecen “razones muy limitadas por la cual una persona tiene que estar en prisión preventiva o cumpliendo la pena en su casa: se concede ese beneficio cuando se trata de condenas a personas mayores de 70 años, madres con hijos de menos de 5 años, enfermedad terminal, etc”.
“Puntualmente uno de los casos se dio hace poco en nuestra región, con el caso del imputado E.J.P. de Elortondo, una persona con una carga delictiva reconocida y comprobable, y sin embargo el juez de Cámara, Tomás Orso, le otorgó el beneficio con la prisión domiciliaria alegando una afección a la salud agravada por la pandemia del coronavirus, con el agravante de que existía un informe médico que no justificaba la salida de la cárcel y haciendo constar que dos jueces de primera instancia ya habían rechazado la prisión domiciliaria porque no correspondía. Sin embargo, el juez Orso le asignó ese beneficio y quedó en libertad”, se quejó Enrico en diálogo con El Litoral.
Aseguró que “las prisiones domiciliarias otorgadas en Santa Fe son motivo de investigación justamente por haber sido distorsionadas en su aplicación en beneficio de los delincuentes cuando había una clara reforma hecha por la Legislatura para restringir estos supuestos que algunos operadores del sistema penal están incumpliendo”.