En diálogo con CLG, el sacerdote de barrio Tablada se refirió a los devastadores índices de pobreza que reveló la UCA. “Los planes son necesarios y están llegando, pero no se puede vivir de asistencialismo", expresó
Por la recesión y la crisis, agudizada por la pandemia y la cuarentena, volvió a escalar la pobreza. En un año, aumentó del 40,8% al 44,2% de la población urbana: son 18 millones de pobres. Y por grupos de edad, conmueve el porcentaje de pobres entre los menores de 17 años, que subió del 59,5% al 64,1% reflejando “una persistente infantilización de la pobreza en la Argentina urbana”. Son más de 7,5 millones de chicos y adolescentes que viven en hogares con carencias básicas.
“No es extraña la cifra. Es lo que se preveía. Lamentablemente las cifras de pobreza crecieron mucho. Se perdieron las changas en los barrios populares. Si la clase media está mal, entonces la cadena se termina cortando por lo más fino”, expresó a CLG el Padre Claudio Castricone, quien desarrolla sus actividades en Las Flores, La Granada, Santa Lucía, Tío Rolo, San Martín A y San Martín Sur, La Lata y Tablada, junto a un grupo conocido como el Equipo de Sacerdotes de Barrios Populares.
A pesar de las dificultades del contexto, para el sacerdote, el clima social está aplacado y no habría que esperar complicaciones hacia fines de diciembre. “Hay contención con los comedores comunitarios y en medio de tanta angustia la asistencia está llegando”, apuntó. Pero señaló que “no se puede vivir de asistencialismo, hay que reactivar la economía y darles la posibilidad de un trabajo formal a los más humildes”.
En este sentido, Castricone remarcó la importancia de la educación en la construcción del futuro de la Nación. “Es muy preocupante el cierre de las escuelas también y el tiempo perdido este año. Se entiende lo generado por la pandemia, aunque lo cierto es que para salir de la pobreza se necesita educación”, manifestó. Y aclaró: “Los maestros trabajaron muchísimos, quizás más que de forma presencial, pero no llegaron a todos los alumnos: en nuestros barrios los chicos no tienen celulares ni conectividad”.
“Es un año complicado. Espero que en el 2021 todo mejore. Y no siga empeorando como pasa año tras año: ahora por la pandemia y antes por una economía liberal”, concluyó.
Los datos de la UCA
Los datos son del Observatorio de la Deuda Social, de la UCA (Universidad Católica Argentina) relevados entre julio y octubre de este año y son los más altos de toda la serie que arranca en 2010. Corresponde a la «pobreza de ingresos» que surge de comparar los ingresos de los hogares con los valores de la canasta de indigencia y de pobreza.
Al presentar estos datos, Agustin Salvia, director del Observatorio dijo que la pandemia agravó una situación social y laboral que se fue agudizando a lo largo de toda la década.
“Las evidencias presentadas en este informe confirman que bajo el escenario de crisis COVID-19, las capacidades monetarias de los hogares experimentaron un deterioro abrupto y pronunciado, con efecto regresivos sobre la pobreza y la indigencia. El nuevo escenario paralizó aún más la inversión, los consumos y la demanda de empleo en la economía formal, a la vez que frenó toda expectativa de reactivación, afectando especialmente a la pequeña y mediana empresa, profundizando la relación entre informalidad económica, pobreza y exclusión social”.
El director del Observatorio señaló “que el efecto COVID no fue “democrático”, no afectó a todos por igual: entre los sectores de abajo se acentuó el deterioro social, mientras la cúpula de la pirámide está ahora más concentrada y protegida”.
El Informe señala que sin los distintos programas sociales (IFE, AUH, tarjeta alimentaria, pensiones no contributivas y otros), la pobreza hubiera saltado del 44,2% al 53,1% de la población urbana. El efecto del IFE es el más sustantivo: 8,3 puntos incidió en reducir la indigencia y 6,4 puntos en la pobreza. “El IFE habría sido la política con mayor impacto absoluto sobre las tasas de pobreza e indigencia, en comparación con las demás políticas de transferencias implementadas”, dice el Informe.
Una de las conclusiones de Salvia es que “durante los últimos años de la década, incluyendo el escenario COVID-19, los indicadores sociales muestran un aumento en la pobreza y en las desigualdades estructurales. Las brechas productivas, sociales y en la calidad del empleo no han disminuido sino que incluso parecen agravarse. La situación ha empobrecido aún más a un cada vez más extendido sector micro-informal de subsistencia (economía social) de muy baja productividad, precariedad y concentración urbana. Y si bien hubo mejoras durante la década, la desigualdad estructural ha aumentado, expresándose en mayores déficits y brechas en materia de inseguridad alimentaria, mala calidad del hábitat y déficit en el acceso a agua, energía, servicios de saneamiento y a una vivienda digna. La segmentación social también opera sobre servicios públicos universales: educación, salud, protección social y seguridad ciudadana”.