Los fiscales terminarán su alegato el próximo miércoles de escuchar el alegato fiscal y luego será el turno de la defensa oficial de Telleldín. Se prevé que el debate oral termine antes de fin de año
Los fiscales que actúan como acusadores en el segundo juicio oral a Carlos Telleldín por el atentado a la AMIA concretarán el miércoles próximo su pedido de presión efectiva, tras dar por probado que entregó la camioneta usada como cochebomba a sabiendas de que podía ser utilizada para un delito grave.
«No le importó», concluyó el fiscal Roberto Salum ante el Tribunal Oral Federal 3 en el inicio de su alegato la semana pasada, al referir que está probado que el 10 de julio de 1994 Telleldín vendió la camioneta a alguien con acento extranjero, que se presentó en su casa «medio disfrazado» y con una «valija llena de dólares» y se llevó el vehículo sin revisarlo ni pedir papeles.
Ese día Telleldín «se representó como probable» que el destino para el vehículo podía ser un delito grave, como «un atentado terrorista» y «no le importó», fundamentó el fiscal en el alegato que entró en cuarto intermedio hasta el miércoles, cuando pedirá una pena de prisión efectiva para el acusado ante el Tribunal Oral Federal 3.
Si bien la fiscalía consideró que el entonces reducidor de autos no fue cómplice de los terroristas ni sabía que el objetivo era volar la AMIA en Pasteur 633, «falta a la verdad cuando dice que nunca supo para qué será usada. Eso es falso».
Apenas cometido el atentado a las 9.53 del 18 de julio de 1994, Telleldín «ya sabía que había sido usada su Trafic porque al momento de concretar la operación ilícita de venta se lo había representado y al instante de cometido el atentado supo definitivamente que la Trafic que se usó fue la que él entregó», argumentó la fiscalía.
Los fiscales Salum y Sergio Eyherabide recordaron que Telleldín en esa época se dedicaba al negocio ilícito de compraventa de autos robados, mediante el doblaje, y por eso tenía herramientas para darse cuenta de que la operación de venta de la Trafic usada en AMIA no había sido «normal», como la quiso presentar.
«Fueron a verlo tres extranjeros y un día después otro casi disfrazado con una valija llena de dólares, no revisaron el vehículo, no pidieron papeles», enumeraron.
Además, aludieron al pasado de Telleldín como parte del área de Inteligencia de la policía cordobesa en la dictadura militar, entre 1977 y 1981.
«Sólo basta recordar que esa dependencia fue tristemente célebre en la represión ilegal en la dictadura, sus integrantes se destacaban por la saña contra los secuestrados en la tortura», dijo Salum.
Todo esto «le daba a Telleldín herramientas poderosas y sofisticadas para identificar lo obvio, que la finalidad de la obtención de la Trafic podía ser para un hecho terrorista y no le importó».
La querella de la AMIA-DAIA tampoco consideró probado que el actual abogado haya sido parte del grupo terrorista que voló la AMIA y causó 85 muertos el 18 de julio de 1994 y por eso en su alegato reclamó 20 años de cárcel.
Los Familiares de Víctimas solicitaron por su parte la pena de prisión perpetua porque entendieron que Telleldín sabía del atentado, proveyó y acondicionó la camioneta para soportar el peso de los explosivos y actuó motivado por «odio racial».
Los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Canero terminarán el miércoles de escuchar el alegato fiscal y luego será el turno de la defensa oficial de Telleldín, en el debate oral que se prevé termine antes de fin de año.
Telleldín está procesado sin prisión preventiva como partícipe necesario del atentado y pasó ya una década en prisión desde 1994 a 2004, lapso durante el cual estudió abogacía, profesión que ejerce en la actualidad.
El segundo juicio se inició el 18 de mayo de 2019, quedó interrumpido por la pandemia de coronavirus y se retomó de manera virtual en junio último.
En marzo de 2019 fue condenado a tres años y seis meses de prisión en otra causa penal por los delitos cometidos durante la investigación del ataque terrorista.
Si ese fallo queda firme, tendrá que devolver al Estado Nacional los 400 mil dólares que cobró de manera ilegal tras un pacto con el destituido primer juez del caso AMIA, Juan José Galeano, a cambio de declarar que entregó la camioneta Trafic a un grupo de policías bonaerenses que fueron acusados junto con él.
Todos pasaron una década presos como presunta conexión local del atentado, hasta que quedaron absueltos en 2004 en un primer juicio oral también a cargo del TOF3 pero con otros integrantes: Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo.
Luego de la anulación de toda la causa en el primer juicio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó en 2009 retomar la pesquisa que entendió como válida hasta el momento del pago ilegal.
La pesquisa quedó a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien declaró a los delitos como de lesa humanidad e imprescriptibles y firmó el envío por segunda vez a juicio oral de Telleldín, acusado en su rol de partícipe necesario y entregador de la Trafic.
Según la acusación, ese vehículo con entre 300 y 400 kilos de explosivos fue dejado en una playa de estacionamiento cercana a la mutual hasta que la mañana del 18 de julio de 1994 se perpetró el ataque.
Tras la jubilación de Canicoba Corral, la jueza federal María Eugenia Capuchetti quedó este año al frente de la causa AMIA.