Por la Lic. Alejandra Perinetti, Directora Nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina
El 20 de noviembre se cumplen 31 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Se trata de uno de los grandes hitos de la historia de la humanidad en tanto constituye el primer reconocimiento formal de niños, niñas y adolescentes como ciudadanos que insta a los Estados a velar por la protección de cada uno de sus derechos.
Este año es difícil pensar en celebrar. La crisis económica y social producto de la pandemia por el Covid-19 implicó un avasallamiento y una regresión alarmante en materia de derechos humanos, especialmente para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, a quienes les toca la peor parte. Las predicciones, si no se actúa de manera urgente, son devastadoras.
El impacto del Covid implicó un retroceso sin precedentes al amplificar estas desigualdades, dejando un mundo con 500 millones de personas más sumidas en la pobreza. En nuestro país se estima que la pobreza infantil alcanzará en diciembre del 2020 el 62,9%.
Detrás de los números hay familias enteras viviendo un presente desolador, hay millones de niños que en su día a día están expuestos a mayores niveles de violencia, con menor acceso a salud y a la educación, con mayor riesgo de explotación sexual y laboral, con mayor riesgo de ser separados de sus familias. Detrás de la estadística están aquellos que no tienen acceso a condiciones mínimas de vida digna, son quienes no saben siquiera si sobrevivirán un día más.
La letra de la Convención es contundente porque implica un horizonte y su adopción por los Estados es el compromiso de cumplir con lo que en ella se enuncia. En otras palabras, implica generar las condiciones necesarias para la garantía y ejercicio pleno de cada derecho. Es evidente que sin los recursos suficientes esta es una tarea infructuosa.
La prioridad en el presupuesto del Estado debe estar en la niñez y la adolescencia. Parece que quienes pueden proponer y decidir aún no se enteran del impacto desigual y violento que tiene la profundización de la pobreza en la niñez, una situación que no solo afecta a cada niño, niña y adolescente, lo cual debería ser suficiente para actuar, sino que involucra a la sociedad en su conjunto. Vivir en un país en el que casi 7 de cada 10 niños son pobres implica vivir en una sociedad que no logra ocuparse de quienes más lo necesitan y si el presente es complicado, el futuro no será prometedor.
Como organización especializada en atención directa y cuidado de niños, sabemos que es posible cambiar esta situación. Es imprescindible hacer hoy una acción por la niñez, ponerlos como prioridad y actuar en su favor. El llamado a la acción es para cada uno de nosotros, desde el lugar que nos corresponde. El estado debe construir políticas públicas de largo plazo que pongan foco en el desarrollo de cada niño y adolescente y cada ciudadano desde su aporte al respeto de los derechos de niños y adolescentes. Solo el trabajo conjunto y articulado nos permitirá atravesar el desafío que nos toca. Mientras tanto hay muy poco que celebrar.