Por Frida M. Armas Pfirter, especialista en Derecho Internacional
Por Frida M. Armas Pfirter, especialista en Derecho Internacional, integra el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas de la Cancillería, directora del departamento de Derecho Internacional Público de la Universidad Austral y coordinadora general de la Comisión Nacional de Límite Exterior de la Plataforma Continental (Copla).
La Constitución Nacional nos señala a todos los argentinos un objetivo permanente e irrenunciable: recuperar el ejercicio pleno de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, de conformidad con el derecho internacional y respetando el modo de vida de sus habitantes.
En este 2020, tan especial en muchos sentidos, coinciden tres aniversarios importantes relacionados con este mandato constitucional. Efectivamente, se cumplen 500 años del descubrimiento de las Islas Malvinas por una expedición organizada por el Reino de España y se conmemora el bicentenario del primer izamiento de la bandera nacional en las Islas. Además, en el ámbito diplomático, recordamos el 55 aniversario de la adopción de la Resolución 2065 (XX) por la Asamblea General de las Naciones Unidas; que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e invita a las partes a proseguir sin demora las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la controversia, teniendo en cuenta los intereses de la población de las Islas.
El día del aniversario del izamiento de la bandera argentina en Malvinas el Presidente, acompañado por el Canciller y el embajador Daniel Filmus, realizaron el izamiento de la bandera nacional en forma simultánea con distintos municipios y gobernadores de todo el país, desde La Quiaca hasta Ushuaia, incluyendo la Antártida. Ese día se realizó también en forma virtual la primera reunión del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y espacios marítimos correspondientes, creado por la ley 27.558 que fue sancionada por unanimidad en el Congreso.
Si bien el contenido de la cláusula transitoria -aún antes de su consagración expresa en 1994-, ha constituido una meta señera en la política exterior argentina, existen pluralidad de medios y caminos para llegar a ese objetivo. Para que sea una verdadera Política de Estado, es necesario -respetando las distintas visiones- consensuar los caminos para lograr el objetivo que une a todos los argentinos y las argentinas: la recuperación del ejercicio efectivo de la soberanía argentina en Malvinas por medios pacíficos y diplomáticos.
La creación del Consejo como un ámbito abierto y plural está concebida para permitir el desarrollo de políticas de Estado de mediano y largo plazo que, más allá de las sucesivas gestiones gubernamentales, cuenten con el consenso de todas las fuerzas políticas y de la sociedad civil.
El objetivo es que representantes del Poder Ejecutivo Nacional, de los espacios políticos que integran el Poder Legislativo, de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, del sector académico y científico, del campo del derecho internacional, y de los excombatientes de Malvinas, puedan intercambiar ideas y asesorar al Presidente de la Nación sobre los cursos de acción para la construcción de una política de Estado y para encontrar estrategias que permitan avanzar en ese sentido.
Como se resalta en la Declaración adoptada por el Consejo en la primera reunión, constituye una responsabilidad histórica contribuir a generar los consensos políticos y sociales necesarios para diseñar e implementar políticas de Estado que tengan por objeto efectivizar el ejercicio pleno de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.