Es por dinero que recibió Lázaro Báez por la obra pública en Santa Cruz. Hoy el juez Ercolini lo procesó sin prisión preventiva y lo embargó por una cifra millonaria
El financista Ernesto Clarens, quien declaró como “arrepentido” en la causa de los cuadernos, quedó hoy procesado por lavar más de $500 millones derivados de la obra pública, un caso por el que la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro Julio De Vido, el ex secretario José López y el empresario Lázaro Báez enfrentan actualmente un juicio oral, según informaron a Infobae fuentes judiciales.
La decisión la tomó el juez federal Julián Ercolini en una resolución de 330 hojas. A Clarens lo procesaron por el delito de “lavado de activos agravado por resultar miembro de una organización formada para la comisión de hechos de esa naturaleza”. Y se le trabó embargo por mil diez millones de pesos ($1.010.000.000,00).
“A pesar de los dichos volcados por Clarens en sus numerosos descargos y de lo manifestado en sus declaraciones indagatorias, considero que en base a una íntegra visión de la maniobra investigada y los elementos de prueba arrimados, me encuentro en condiciones de tener por acreditada, con la suficiencia que requiere la etapa en la cual nos encontramos, la materialidad de los sucesos y su intervención responsable en ello”, sostuvo la resolución a la que accedió Infobae.
Junto a Clarens, el juez también procesó a otros financistas, contadores y comerciantes por la maniobra que salpica a las firmas Austral Construcciones y Gotti SA, ligadas a Lázaro Báez, y de Invernes SA, del financista Clarens. El procesamiento alcanzó a Carlos Di Gianni, Guido Blondeau, Rafael Mateo Merlini, César Gerardo Andrés, Andrea Cantín, Martín Samuel Jacobs, Emilio Carlos Martín, Sergio Gotti, Armando Ulled, Andrés Kechichian, Héctor Doldi y María Julia Cis.
Todo ocurre en el marco de la investigación por la asociación ilícita que radicó la diputada Elisa Carrió en 2008 contra los Kirchner y su entorno. “Corresponde recordar que en dicho sumario se comprobó, con la convicción propia de toda etapa preparatoria, la instrumentación de un esquema de corrupción estatal, entre los meses de mayo de 2003 y diciembre de 2015, que tuvo como objeto la asignación irregular de la mayor porción de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz a las empresas del conglomerado encabezado por Báez”, recordó el juez.