El magistrado Daniel Edgardo Alonso encabezó un allanamiento en el predio del productor ganadero Enzo Mariani que dio con un tractor y una retroexcavadora cuando dichos vehículos no podían estar en la zona
Este fin de semana se dio una situación bastante particular en las islas entrerrianas, que involucró al titular del juzgado Federal 2 de Paraná, Daniel Edgardo Alonso, quien investiga las quemas ilegales en la zona. El magistrado se sumó en persona a un allanamiento en el que se encontró maquinaria para realizar terraplenes. Fue en el terreno perteneciente al productor ganadero Enzo Mariani, denunciado por usurpar 800 hectáreas que le pertenecen a la Municipalidad de Rosario y de efectuar construcciones ilegales que afectan a los humedales.
El sitio Era Verde informó que la comisión judicial encabezada por Alonso arribó al lugar para corroborar si se había retirado maquinaria con capacidad para alterar el ambiente que se había ordenado sacar del lugar. Junto con personal de Gendarmería nacional y de la Delegación de Islas de la Municipalidad de Victoria visitaron tres lugares: uno que está a la altura del kilómetro 43-44 de la ruta nacional 147 que une Victoria con Rosario, explotado por Esteban Stenner; al campo del kilómetro 13 que ocupa el ganadero Enzo Rómulo Mariani; y por último visitaron Isla La Invernada, donde se realizan las mega fiestas fluviales conocidas como las Garden Pool Party.
El objetivo del procedimiento fue constatar lo dispuesto por el magistrado el pasado 1 de julio, cuando ordenó la “prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente, especialmente la quema de recursos naturales, actividades que impliquen riesgo de incendio aún de carácter accidental; construcción de diques y terraplenes de cualquier naturaleza o realización de actividades que pongan en riesgo el ecosistema” del Delta.
Sin embargo, el magistrado Alonso recibió la denuncia de ambientalistas y lugareños de que se seguían haciendo trabajos con fines productivos y más específicamente el levantamiento de grandes murallas de tierra que cortan el natural escurrimiento de las aguas, generando así las condiciones para los incendios. En consecuencia, el 27 de septiembre pasado ordenó que se retiraran todas las maquinarias con capacidad de alterar el ambiente. Pero una vez más se enteró que de los implicados no obedecieron la solicitud.
De esta forma, este sábado el operativo judicial se allegó hasta los lugares de las sospechas. En el lote que arrienda Martín Esteban Stenner, ubicado en la denominada Isla Paula, no se constaron nuevos incumplimientos a los ordenamientos. Stenner cuenta con un antecedente en el cual la Secretaría de Ambiente provincial constató la “alternación hídrica” por un “corte de cauces naturales de agua”. Por este expediente se le dictó “suspensión de toda obra y/o construcción y/o actividad” que desobedeció tal como fue denunciado en agosto pasado. Pero ahora parece que no había actividad. Tampoco en el boliche La Garden, donde la Delegación Islas de Victoria el último domingo de septiembre labró actas por la construcción de una “caleta sin contar con autorización”. Desde el juzgado Federal entendieron que son de vieja data, por lo que quedó en observación.
Pero al llegar al terreno que maneja Mariani, encontraron un tractor dual de seis ruedas y una retroexcavadora con pala articulada que eran usados para las prácticas prohibidas y por el cual Mariani fue notificado a que retirara en dos oportunidades. Los vehículos estaban camuflados, tapados con lonas verdes que los hacían casi imperceptible por la vegetación.
La delegación también halló más vehículos en otro campo que sería de un antiguo socio de Mariani. Allí se toparon con dos tractores con palas de arrastre, lo que abrió una nueva instancia investigativa, en donde se deberá corroborar el titular y quién está a cargo efectivamente de ese predio.
El magistrado dejó una consigna de Gendarmería para custodia hasta tanto se puedan trasladar los vehículos pesados, así como trascendió que dada las circunstancias y los hechos se abriría una causa penal por desobediencia judicial.