Se ampliará por dos años, según lo resolvió el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó este martes en Ginebra una resolución que extiende por dos años el mandato de la Misión Internacional creada en 2019 para investigar violaciones de los derechos humanos en Venezuela, la cual había presentado sus alarmantes resultados iniciales a finales de septiembre.
La resolución, promovida por los países latinoamericanos integrantes del denominado Grupo de Lima, obtuvo 22 votos a favor (Argentina entre ellos), tres en contra (Eritrea, Filipinas y la propia Venezuela) y 22 abstenciones, entre ellas la de México, que manifestó sus dudas por un texto que tildó de «politizado» y poco equilibrado.
La misión continuará así investigando y reportando al consejo de la ONU durante dos años más los abusos cometidos desde 2014 en Venezuela, «incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles y degradantes», según indicó el texto.
Conformada por tres expertos -la portuguesa Marta Valiñas, el chileno Francisco Cox y el británico Paul Seils-, la delegación presentó el pasado 23 de septiembre su primer informe ante el consejo, en el que denunció «violaciones cometidas como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática, de conformidad con políticas de Estado que constituyen crímenes de lesa humanidad», algo que generó el rechazo del Gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro.
Durante las intervenciones previas a la votación, el embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, criticó la resolución y consideró que pretende «la imposición de un mecanismo de monitoreo que no cuenta con el consentimiento de mi país ni de mi pueblo».
La «fantasmagórica» Misión Internacional «elabora informes falsos, sin rigor científico, y ha despilfarrado casi tres millones de dólares», esgrimió el diplomático venezolano, citado por la agencia de noticias EFE.
Valero atacó además a la Unión Europea (UE), que apoyó la resolución, por guardar silencio ante las sanciones de Washington a su país y, con mayor vehemencia, despotricó contra los países latinoamericanos que promovieron el texto, a los que llamó «el cártel de Lima».
«Responden sumisamente a los intereses de una potencia colonial decadente, la de Donald Trump. Los Gobiernos del cártel de Lima son los más serviles y se arrastran sin vergüenza ante la bota imperial», esgrimió.
La delegada de Perú, en representación del Grupo de Lima, había señalado previamente en la misma sesión que la Misión Internacional «es necesaria para mejorar la situación en Venezuela» ya que, recalcó, «hay que poner a las víctimas en el centro de las preocupaciones».
Una opinión compartida por la representación alemana en nombre de la UE, que destacó «la erosión del imperio de la ley en Venezuela y el desmantelamiento de las instituciones democráticas en el país deben seguir siendo investigadas por el Consejo».
Posteriormente, el representante argentino ante la ONU, Federico Villegas, expresó la «preocupación» de Argentina por la «situación de los derechos humanos» y la «crisis política, económica y humanitaria» en Venezuela, «agravada» por las sanciones financieras y la pandemia del coronavirus.
Si bien Villegas afirmó que el Gobierno argentino hubiese preferido una resolución que contara con «el activo involucramiento» de Caracas para evitar una puesta en práctica «problemática», señaló que los derechos fundamentales de los venezolanos «deben prevalecer sobre otras consideraciones».
«El proyecto de resolución que estamos tratando contempla mecanismos de protección esenciales para contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos en Venezuela», dijo Villegas para argumentar el voto a favor de Argentina.
El consejo votó también hoy otra resolución sobre Venezuela presentada por Irán y apoyada por Caracas, que se centraba en dar mayor importancia a la buena colaboración actual entre el Ejecutivo venezolano y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, dirigida por la alta comisionada Michelle Bachelet.
La resolución se aprobó también con un alto número de abstenciones (26, entre ellas la de Argentina), 14 votos a favor y siete en contra, entre ellos Brasil, Perú, Chile, Ecuador y Uruguay, promotores de la otra iniciativa.