Se trata del senador provincial Ariel Rosendo (PJ), quien actualmente se encuentra internado en una clínica privada de la ciudad de Villa Mercedes
La abogada defensora de la mujer que acusó por violencia de género al senador provincial de San Luis Ariel Rosendo (PJ) solicitó “la inmediata detención y posterior traslado al Servicio Penitenciario Provincial del procesado”, internado desde el 28 de septiembre en una clínica privada de la ciudad de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis.
Leticia Latini, representante legal de la ex esposa del senador, dijo hoy a Télam, que es inexplicable que su clienta “aún esté sujeta a las manipulaciones” del imputado y que su búsqueda de Justicia, que involucra además a “una niña víctima de la situación generada por el procesado”, no sea tenida en cuenta para aplicar “la medida judicial, sustentada por el juez” Leandro Estrada.
La causa, que llevó al juez penal a procesar al senador como coautor de un robo, por violar una restricción de acercamiento y medidas antipandémicas, se enfrentó a obstáculos burocráticos y administrativos que impidieron que el dictamen judicial se cumpla.
Según señaló la abogada, el primer obstáculo fue lograr su desafuero, porque senadores y senadoras de San Luis consideraron que no era condición “para que el proceso judicial continuara”, y optaron por resguardar el derecho a “defensa del acusado”.
Le concedieron una licencia con goce de haberes que “le permitió continuar operando en la sociedad civil” con el poder de un “político habilitado”, y extendieron su decisión con una licencia por enfermedad para “tolerar -finalmente- que faltara a su trabajo con la sola pena de no cobrar su sueldo” reseñó Latini.
La batalla judicial continuó con el desafuero, el 28 de septiembre, “en la que la víctima debió permanecer aislada por miedo, a ser atacada”, mientras que en las audiencias judiciales el legislador continuaba “presionándola”, agregó.
El desafuero llegó “justo” cuando el senador comenzó a “sentirse mal, se descompensó y se internó en una clínica privada de su ciudad”, relató la abogada.
“Rosendo hizo apariciones mediáticas, el 30 de septiembre, en un ámbito que no corresponde con la clínica donde estaba internado”, y su hija “recibió, ese día, sus llamados de celular, en plena audiencia de familia en la que se buscaba la revinculación con su madre pidiendo hablar, con el jefe a cargo del lugar”, sostuvo Latini.
Ante el pedido del juez, la forense judicial aseguró que “el internado, al momento del interrogatorio, estaba lúcido y colaborador”, que los estudios de laboratorio que le practicaron dieron «normales», y que “más allá del episodio orgánico de hipertensión, tiene problemas mentales” lo que configura un “conflicto en las valoraciones médicas” que obstaculiza su detención.
Latini exigió “cárcel para el procesado, que le permita a su clienta respirar, sanar y recuperar del desastre emocional al que ha sido expuesta, junto a su hija por la de desigualdad de género”.