La pena a cinco años de prisión fue dictada en octubre del año pasado. El sujeto, de 51 años, sustrajo a la niña que estaba bajo custodia de una guardadora en Reconquista
Un tribunal de segunda instancia confirmó la pena a cinco años de prisión impuesta a un hombre de 51 años por la autoría del delito de sustracción, retención y ocultamiento de una de sus hijas menor de edad cometido en la ciudad de Reconquista.
La resolución fue tomada por unanimidad por los camaristas Eduardo Bernacchia, José Mántaras y Carlos Renna. Los jueces también decidieron rechazar el planteo de nulidad que presentó la Defensa del condenado.
La condena de primera instancia había sido impuesta el miércoles 2 de octubre de 2019 por el juez Gonzalo Basualdo en el marco de un juicio oral y público llevado a cabo en los tribunales de Reconquista.
En los debates de primera y de segunda instancia, el MPA estuvo representado por el fiscal Rubén Martínez.
Martínez valoró la decisión de los camaristas y destacó que “confirmaron no sólo la calificación penal por la que se impuso la condena, sino también el monto de la pena”.
El funcionario del MPA también se refirió al rechazo al planteo de nulidad. En tal sentido, subrayó que “los jueces de segunda instancia fueron muy claros en relación a los agravios expuestos por la Defensa”.
“Los camaristas sostuvieron: ‘No se advierte que el juez Basualdo se haya sustentado en elementos que no han sucedido en el presente hecho investigado y/o que haya realizado una interpretación errónea del plexo probatorio”, afirmó Martínez.
El fiscal Martínez recordó que “OAR fue condenado por haber retenido y ocultado a una de sus hijas a pesar de que sabía que existía una medida de protección excepcional dictada por la subsecretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia y que había sido ratificada por la Justicia de Familia de Reconquista”. En tal sentido agregó que “con su accionar, el condenado logró sustraer a la niña de la custodia legal que ejercía la delegación Reconquista de la dependencia del Poder Ejecutivo”.
“OAR utilizó su condición de padre para armar una maniobra de blindaje que impidió a las autoridades llevar adelante la medida excepcional por la cual se ordenaba la restitución de la niña a una guardadora”, sostuvo el fiscal. En tal sentido, agregó que “su condición de padre de los menores, y aún en el caso que conserve la patria potestad, no lo releva de ser sujeto activo del delito”.
“La investigación se inició a partir de una denuncia presentada en 2014 por la delegada local de la subsecretaría de la Niñez. La funcionaria dio cuenta de la medida de protección dictada para separar de sus padres a la víctima y a cinco de sus hermanos, de un total de 12 hijos que tuvo el matrimonio”, precisó el fiscal Martínez. “Las actuaciones del Estado provincial en este caso comenzaron a raíz de denuncias realizadas por dos hijas mayores de edad del condenado, quienes indicaron que sus hermanos menores eran sometidos por su padre a malos tratos y a delitos contra la integridad sexual”, añadió.
El fiscal recordó que “se ordenaron diversas diligencias, entre ellas un allanamiento realizado el 23 de agosto de 2014. A partir de esa fecha, los seis menores quedaron en custodia de la subsecretaría de Niñez y bajo la guarda de otra hermana mayor de edad. Sin embargo –subrayó Martínez–, en diciembre de 2014 uno de los menores se escapó de la casa de su hermana mayor para irse con su padre y, en el mismo mes, otros dos menores se fueron de la casa y también aparecieron con su padre”.
“Para evitar la restitución de los menores a la custodia de la subsecretaría de la Niñez, el condenado –con la complicidad de algunos integrantes de la familia– ocultaba y retenía a los tres menores a pesar de que sabía y conocía lo actuado en el ámbito de la subsecretaría de la Niñez y en la justicia de Familia de Reconquista”, aseguró el fiscal.
Martínez agregó que “a raíz del conocimiento de las medidas administrativas y judiciales dictadas, el condenado efectuó maniobras tendientes a evitar su cumplimiento. Para ello se aprovechaba de que una parte de su numerosa familia lo apoyaba, de manera tal que ocultó a los menores en diversos domicilios”.
Martínez aclaró que “el condenado es el mismo hombre que fue denunciado como autor de delitos contra la integridad sexual de su propia hija en el marco del denominado caso CER”.
El fiscal Martínez aclaró que “usamos las iniciales del condenado para preservar la identidad de las víctimas. En función de que los menores son hijos del hombre condenado, tienen el mismo apellido. Por lo tanto, corresponde tomar todos los resguardos para proteger a las víctimas”.