El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que fija en 24.500 millones de pesos el gasto anual para las funciones de seguridad de la Ciudad, es decir un nuevo recorte en la coparticipación
El presidente Alberto Fernández envió al Senado de la Nación un proyecto de ley que modifica el esquema de financiamiento por el traspaso de la policía de la Ciudad de Buenos Aires con una nueva reducción en la coparticipación, y tensa así aún más la relación con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. En el texto se fija 24.500 millones de pesos el gasto anual para las funciones de seguridad de Caba.
El proyecto ingresó a la Cámara alta el miércoles por la noche y fuentes del oficialismo confirmaron a Noticias Argentinas que ya fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, por lo que podría comenzar a tratarse en los próximos días.
La iniciativa, que fija un nuevo monto para el financiamiento de la transferencia de las funciones de seguridad a la Capital Federal y señala que se «realizará la readecuación de la participación que le corresponde» por la Ley de Coparticipación al distrito porteño, se presenta después de la reducción de un punto en esa masa de recursos.
La iniciativa, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández; del ministro de Economía, Martín Guzmán; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; del ministro del Interior Eduardo De Pedro, y de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, comenzará a ser debatida en los próximos días por las comisiones de Asuntos Constitucionales, y de Presupuesto y Hacienda.
Como titulares de ambos cuerpos asesores, los senadores del Frente de Todos María de los Ángeles Sacnún y Carlos Caserio serán los encargados de conducir el debate de la propuesta enviada en las últimas horas al Senado, en el marco del traspaso progresivo de funciones de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad dispuesto hace cuatro años.
En junio pasado, la ministra Frederic anunció la creación de una comisión de Actualización Institucional, Normativa y Doctrinaria de la Policía Federal Argentina (PFA) para redefinir el funcionamiento estratégico de la fuerza luego del traspaso del personal a la Ciudad.
En el artículo uno del texto enviado al Senado se establece aprobar el «Convenio de transferencia progresiva a la Ciudad de facultades y funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejercidas en CABA», celebrado entre el Estado nacional y el Gobierno porteño el 5 de enero de 2016.
El segundo artículo de la propuesta, según consta en su texto, fija el gasto anual que demanda durante el presente ejercicio la transferencia realizada a la Ciudad en 24.500 millones de pesos.
«Dicho monto será actualizado en los ejercicios sucesivos de acuerdo a un índice compuesto en un 80 por ciento por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20 por ciento por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de dicha jurisdicción, ambos correspondientes al año precedente», añade la propuesta.
En el mismo artículo se sostiene que el Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio fiscal contemplará el financiamiento de los gastos enunciados en el presente artículo.
La propuesta especifica además que la suma establecida en el artículo dos se dividirá en cuotas mensuales que se transferirán desde el Tesoro Nacional hacia la Ciudad y su actualización se realizará en forma trimestral.
«El Ministerio de Seguridad y el Gobierno porteño deberán informar al Ministerio de Economía los indicadores establecidos en el artículo dos, de acuerdo a sus respectivas competencias, así como también los procedimientos utilizados para su elaboración», agrega.
El artículo cuarto establece que el jefe de Gabinete adecuará el Presupuesto para el ejercicio 2020 a efectos de afrontar el financiamiento de los gastos establecidos en el artículo dos° en forma proporcional al tiempo restante hasta la finalización del actual ejercicio.
«A partir de la entrada en vigencia de la presente, el Poder Ejecutivo realizará la readecuación de la participación que le corresponde a la Ciudad», finaliza el texto enviado a la Cámara alta.