Se trata de $1.300 millones que se destinaron a acondicionar las rutas, pero aseguran que nunca se hicieron las obras.
El Gobierno prepara una denuncia contra la gestión de Mauricio Macri por el manejo irregular de $1.300 millones que se destinaron a acondicionar las rutas, pero aseguran que nunca se hicieron las obras.
La acusación apunta al ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Javier Iguacel, y al ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Carlos Pérez.
Según el texto de la denuncia, al que pudo acceder PERFIL, en octubre de 2017, por orden del Ministro de Transporte de la Nación, se firmó un «convenio específico de cooperación» entre la ANSV y la DNV con el objeto principal de que esta última «desarrolle tareas específicas con el fin de crear una infraestructura vial que genere un tránsito más seguro y reduzca la siniestralidad».
Los funcionarios macristas pregonaban la «revolución de las rutas» para transformarlas en «seguras» y no en «de la muerte». Para ello, entre octubre de 2017 y noviembre de 2019 la ANSV le transfirió a la DNV $ 1.314.065.056 para realizar distintas obras y acondicionar las rutas con señalización, líneas vibrosonaoras, tachas reflectivas y señalización con luces led, cartelería inteligente y carteles electrónicos, entre otros.
Sin embargo, la Asociación Argentina de Carreteras realizó una auditoría sobre las supuestas obras y habría constatado que «no hay nada de eso en los sitios recorridos que justifique el dinero que aparece como pagado».
La denuncia explica que una de las obligaciones asumidas por la DNV era la rendición de los gastos incurridos. Sin embargo, aseguran que eso no existe. La DNV sólo posee un archivo Excel y un listado de facturas abonadas de las que surgen genéricamente obras en tres provincias por cerca de $850.000.000 (casi $500 millones menos del dinero transferido), sin un detalle de la aplicación de los fondos en cada caso. Tampoco hay, en los tres años de vigencia del convenio, requerimientos de la ANSV al respecto.
Según asegura la acusación, de la investigación posterior surge que esos 850 millones pagados a las empresas por la DNV correspondían a partidas anteriores por obras viales, y no a este convenio.
La actual gestión de la ANSV intimó a las empresas a que detallaran la realización de las obras mencionadas en el Convenio y todas negaron haberlas realizado y se justificaron en que no se las habían ordenado desde la DNV.
De las respuestas dadas por las empresas se desprende que la totalidad de las obras rendidas refieren a licitaciones anteriores a la firma del convenio, por obras en Rutas Nacionales en las provincias de Buenos Aires, Río Negro y Salta.
Según informaron, el pasado viernes 3 de septiembre se firmó la rescisión del contrato entre ANSV y DNV y el expediente pasó a la Procuración del Tesoro.