CLG dialogó con Ariel D'Orazio, coordinador del Consejo Asesor de Defensa de la Vivienda e Inquilinos Oficina Consumidor y de la Concejalía Popular, quien dio detalles del presente de quienes están alquilando
Ante la crisis económica que generó la pandemia, en el mes de marzo el gobierno nacional estableció a través del decreto 320 el congelamiento de alquileres, la prórroga de los contratos y la suspensión de desalojos. La vigencia de la norma finaliza el próximo 30 de septiembre y, si bien se espera que se extienda, hasta el momento no hubo novedades.
Esta situación generó gran preocupación en los inquilinos y en las entidades que nuclean y defienden a los mismos. CLG dialogó con Ariel D’Orazio, coordinador del Consejo Asesor de Defensa de la Vivienda e Inquilinos Oficina Consumidor y de la Concejalía Popular y del Social Metropolitano, para conocer más sobre la situación actual de los alquileres.
D’Orazio advirtió que existe un gran número de morosidad en los alquileres. “Hay muchos inquilinos endeudados producto de la situación que estamos viviendo en todo el país. Notamos cómo se ha multiplicado la morosidad dentro de los contratos generando que muchos, a partir de la finalización de los plazos establecidos en el DNU 320, tengan que salir a pagar cuotas que se suman a las mensualidades del alquiler. Se hace muy difícil porque ya se viene con un 50% del salario comprometido al pago del alquiler, pero además tenemos que sumar las cuotas que empiezan a vencer a partir de octubre”, aseguró D’Orazio.
Ante esto, el pedido de reclamo es claro: “Es extremadamente necesario prorrogar los plazos del DNU por lo menos hasta el 31 de marzo de 2021, a fin de poder ir regularizando todas estas deudas que se han generado en el marco de la pandemia”, expresó el integrante de Concejalía Popular.
Los rumores indican que el gobierno trabaja en la extensión del decreto, pero todavía se espera la confirmación oficial. “Somos optimistas. Tenemos muy buen diálogo con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y, durante el transcurso de esta semana, deberíamos recibir novedades en torno a la extensión”, afirmó el funcionario, quien se mostró preocupado por los posibles desalojos. “La mirada en relación al endeudamiento inquilino es compartida con el Ejecutivo Nacional y es una preocupación que está latente porque pueden empezar a producirse desalojos a partir de la caída del DNU y la aplicación de intereses onerosos que podrían condicionar las posibilidades económicas de inquilinos e inquilinas”, añadió.
Al ser consultado sobre el cumplimiento del decreto, D’Orazio comentó que las “prórrogas contractuales se están cumpliendo, pero lo que hay es que en algunos casos se intenta cobrar sumas que no corresponden a lo que establece el DNU. Las prórrogas se hacen con el mismo valor que el inquilino venía abonando en el contrato y no hay una diferencia económica que deba pagarse a partir de la caída del DNU. Hay muchos que intentan avivarse y cobrarles sumas que no corresponden a los inquilinos”.
“Algunos inquilinos están siendo presionados para renovar sus contratos a valores excesivos, con aumentos que no tienen nada que ver con la realidad que estamos viviendo y obviamente que tampoco con la realidad salarial y laboral de los inquilinos. Por esto, también entendemos al DNU como una herramienta para equilibrar la negociación de aquellos contratos que se vencieron o que se están por vencer y que se están pidiendo sumas que son estrepitosas para las posibilidades económicas de quien alquila”, manifestó el referente.
En la ciudad, cada vez se pueden ver más locales, viviendas o departamentos vacíos. Sin embargo, los precios de los alquileres no bajan. Para D’Orazio, esta situación se debe porque “la especulación excede a cualquier lógica”.
“Hay un grado de irracionalidad muy grande en muchos sectores propietarios. En ese sentido, lo que nosotros vislumbramos es que hay una caída de la demanda en materia locativa y, sin embargo, se sigue especulando, se siguen poniendo cláusulas cada vez mas onerosas, se siguen planteando aumentos en el momento de renovar, que nada tiene que ver con la situación comercial de la ciudad. Por eso, vemos cada vez más locales desocupados y que hecha por tierra un planteo histórico del sector inmobiliario de que el mercado todo lo regula, que la mano invisible del mercado todo lo equilibra”, sostuvo el funcionario.
“En este caso estamos viendo que cuando se deja todo sujeto al libre mercado, suceden este tipo de situaciones, donde mucho son expulsados a las calles y donde otros tienen que cesar con su actividad comercial porque no hay un acompañamiento de los titulares de los comercios en relación a los valores que se fijan y obviamente en la negociación”, agregó.
“Cuando nosotros entramos en plena pandemia y, la cuarentena se había lanzado allá por marzo de este año, el DNU nos sirvió para generar muchas renegociaciones en torno a plantear con donaciones o a reducir el valor del canon locativo. Lamentablemente, nos vamos alejando de aquel marzo y vemos como otros propietarios actúan de manera desmedida en torno a fijar aumentos y hacen que muchos tengan que bajar sus persianas, cerrar y, encima, irse endeudados de su actividad comercial, algo que no puede suceder. El Estado debe acompañar a aquellos comerciantes, primero para que no deban cerrar y segundo para que no quedan endeudados”, remarcó.
Por otra parte, el coordinador del Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina del Consumidor Municipal se refirió a los contratos firmados a precio dólar y criticó a aquellos que tienen falta de solidaridad en este momento crítico.
“Debemos ser racionales, debemos sentarnos en un diálogo correcto entre todas las partes, no podemos seguir aprovechándonos de los inquilinos en esta situación tan difícil para todos. Es una discusión si están permitidos o no están permitidos los contratos en dólares, pero en este marco recomendamos que nadie firme un contrato que establezca el valor que no sea el peso argentino”, dijo.
“Nosotros estamos cerrando acuerdos con el Colegio de Corredores Inmobiliarios que tiene una mirada muy racional en torno al acceso a los locales, a las viviendas, inclusive estableciendo lógicas para la actualización de los contratos comerciales en base a la actividad comercial que se desarrolla y no a un arbitrio de alguna de las partes y en desmedro de la otra. Este diálogo debe primar. Si hay alguien que piensa hacer un contrato en dólares, su conducta es totalmente repudiable y habla de la falta de la solidaridad y de que la especulación en algunos sectores sigue triunfando y prevaleciendo por encima de los derechos de todos”, aseveró.
Finalmente, D’Orazio enumeró las principales preocupaciones del sector en la provincia de Santa Fe. «Nos preocupa la falta de control en algunos sectores, la falta de cumplimiento de las leyes, el ataque que esté recibiendo la Ley Nacional de Alquileres por algunos portales inmobiliarios tratando de desprestigiar una herramienta que establece un piso mínimo de derechos para nueve millones de inquilinos», remarcó.
«Nos preocupa que se sigan cerrando locales en nuestro país y sobre todo en la ciudad de Rosario. Nos preocupa que no haya asistencia concreta por parte del Estado, en algunos casos asistiendo de manera económica, en otros reduciendo la presión fiscal para los comerciantes para que puedan subsistir en esta situación tan difícil y para que no sigamos perdiendo, no solamente un derecho humano como es el acceso al hábitat sino que no se sigan perdiendo fuentes de trabajo que es lo que debemos cuidar y lo que debemos acompañar entre todos para que no salgamos peor de la pandemia, concluyó.
Mirá la entrevista con Ariel D’Orazio
Entrevista: Lina Quispe Cruz
Video y edición: Fernando Der Meguerditchian