Este viernes se publicó el decreto que garantiza que un mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos del Estado deban ser ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero
La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD), Elizabeth Gómez Alcorta, sostuvo este viernes que el decreto que estableció el cupo laboral en el sector público para personas travestis, transexuales y transgénero «es un hecho histórico que busca reparar una desigualdad estructural que existe en la sociedad».
El decreto, que fue publicado esta mañana en el Boletín Oficial y lleva el número 721/2020, garantiza que un mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos del Estado deban ser ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero.
«Existe en nuestra sociedad un patrón sistemático de desigualdad que somete particularmente a las personas travestis, transexuales y transgénero a una cadena de exclusiones y discriminación que muchas veces se inicia en la niñez», sostuvo Gómez Alcorta.
Junto al Presidente @alferdez y el jefe de Gabinete @SantiCafiero firmamos el decreto que garantiza el Cupo Laboral Travesti Trans en el Sector Público Nacional.
Por Diana Sacayán, por Lohana Berkins y por tantxs que hoy no están y pelearon por esta conquista. https://t.co/8wbr9eeaaX
— Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) September 4, 2020
Asimismo, señaló que «desde el Estado tenemos la obligación de generar las condiciones para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de oportunidades» y entendió que «el cupo laboral trans es un paso importante en ese camino”,
Para llevar adelante esta política se creará una Unidad de Coordinación Interministerial que estará a cargo del MMGyD y que será integrada por la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación de la Jefatura de Gabinete; el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Ministerio de Educación, que buscará garantizar el cumplimiento efectivo del ingreso y permanencia en los trabajos de este sector de la población.
Gómez Alcorta recordó que «las personas travestis, transexuales y transgénero históricamente fueron criminalizadas por códigos contravencionales y de faltas, y siguen en muchos casos siendo víctimas de violencia institucional por lo que la responsabilidad del Estado es ineludible».
“A esto hay que sumar la expulsión histórica en los ámbitos educativos, la dificultad en la obtención de trabajos formales y estables. Por eso, esta normativa además de garantizar un piso mínimo de empleos para la población travesti trans, atiende particularmente esta cadena de exclusiones”, explicó.