Se trata de un gran avance de la querella abierta en la Argentina después de varios años de trabas por la falta de cooperación de España
El ex ministro español Rodolfo Martín Villa se sentó este jueves a declarar por videoconferencia ante la jueza argentina María Servini, acusado de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista y la transición española, lo que supone un gran avance de la querella abierta en la Argentina después de varios años de trabas por la falta de cooperación de España.
La declaración indagatoria de Martín Villa, de 85 años, comenzó poco después de las 16 hora española (11 argentina) desde el consultado general de Argentina en Madrid, a cuyas puertas se concentraron familiares de las víctimas.
El ex ministro y figura destacada de los años de la transición hacia la democracia expresó en varias ocasiones que quería comparecer para defender su «inocencia».
Antes de ser interrogado, el pasado 25 de agosto, el ex ministro español remitió a la jueza argentina cartas de apoyo con testimonios de cuatro ex presidentes españoles: los socialistas Felipe González y José Luis Rodriguez Zapatero y los conservadores José María Aznar y Mariano Rajoy, así como de ex líderes sindicalistas.
Las cartas, que alaban la labor política desarrollada por Martín Villa durante la transición española fueron, según la opinión de los querellantes, un «intento burdo y grotesco» por «ejercitar una presión política sobre la jueza Servini, quien después de varios años tendrá la posibilidad de interrogar por primera vez a uno de sus acusados».
En su escrito enviado a Servini, la defensa de Martín Villa anticipó el argumento de su estrategia: que la denuncia es «incompatible» con la transición. «Es una de las mejores etapas de nuestra historia reciente, fue imposible que hubiese un genocidio. Supuso, esencialmente, la reconciliación entre los españoles», argumenta el acusado.
Rodolfo Martín Villa es una de las figuras políticas claves para entender el desarrollo de la denominada transición política en el Estado español hacia la democracia, pero también del modelo de impunidad imperante actualmente en el país, que no juzgo a ninguno de sus represores.
El acusado fue un joven líder falangista, sindicalista, y terminó ocupando altos cargos del régimen franquista -fue Gobernador civil y jefe provincial del ‘Movimiento’-, hasta que en los primeros años de democracia se convirtió en Ministro de Relaciones Sindicales, de Gobernación y de Interior. Posteriormente fue diputado y senador, y estuvo vinculado a diferentes empresas públicas y privadas.
«Rodolfo Martín Villa fue el paradigma de aquéllos líderes políticos que provenientes de una dictadura sanguinaria y cruel como la dictadura franquista pasaron a considerarse «padres de la actual democracia», remarcan los participantes de la querella.
Durante la transición Martín Villa dirigió el aparato represivo del Estado, en el que no hubo ninguna depuración, y luego continuó su actividad política sin ningún problema, primero como miembro del gobierno de Adolfo Suárez, y después en las filas de la UCD y el Partido Popular (PP).
La jueza argentina, que en 2010 abrió una investigación para juzgar los crímenes del franquismo, interrogará al alto cargo de la dictadura por 12 asesinatos cometidos en «ataques sistemáticos» para eliminar opositores.
Concretamente, la «matanza de Vitoria» (País Vasco) de 1976, en la que murieron cinco obreros y un centenar resultaron heridos, alguno de ellos de bala.
También por homicidios cometidos entre 1976 en Madrid y el País Vasco cuando era Ministro de Gobernación e Interior, y por asesinatos cometidos las fuerzas de seguridad del régimen en las fiestas de Sanfermín de 1978.
Los familiares de las víctimas que están personados en la llamada «querella argentina» se muestran indignadas ante las muestras de apoyo de algunos de los líderes políticos y sindicales, como el caso del socialista Felipe González.
A finales de 2014, la jueza argentina María Servini, quien investiga los crímenes cometidos por la dictadura franquista, ordenó el arresto y reclamó la extradición del ex ministro junto con una veintena de acusados, pero el Ejecutivo español, entonces en manos del conservador Mariano Rajoy, se negó a cumplir con la orden.
A pesar de ello, Martín Villa aseguró que no se iba a «esconder» y que quería declarar para defender su «inocencia», al punto que llegó a anunciar en 2019 que viajaría a Buenos Aires para comparecer ante la jueza luego de que ésta retiró la orden de detención en su contra.
Pasaron seis años de intentos frustrados por la falta de cooperación española -la Fiscalía llegó a emitir en 2016 una orden para que se atendiera el pedido de cooperar en la investigación de los crímenes del franquismo, por considerar que estaban amnistiados-, hasta que la llegada al poder de un gobierno progresista en España abrió la puerta a que Servini finalmente tome declaración a Martín Villa.