CLG dialogó con Emmanuel Canelli, presidente de la Asociación de Inquilinos Rosario: "Entre un 30 y un 40% de los rosarinos se endeudó para poder pagar el alquiler"
Las entidades que nuclean y defienden a los inquilinos han expresado en los últimos días su preocupación por el congelamiento de los valores de los alquileres, ya que el Decreto 320 finaliza el próximo 30 de septiembre. Es por eso que, teniendo en cuenta el contexto económico producto de la pandemia, están solicitando al gobierno nacional que se extienda la medida hasta marzo del año que viene.
En ese sentido, CLG dialogó con Emmanuel Canelli, presidente de la Asociación de Inquilinos Rosario, quien detalló el reclamo que llevan adelante: «Estamos planteando una extensión de este Decreto 320 hasta el 30 de marzo entendiendo que los sectores que alquilamos estamos muy complicados con la economía producto de la pandemia, hay muchos sectores que se han visto muy golpeados».
Canelli explicó que, si bien la medida estaría apuntada a todos los inquilinos, hay dos áreas de la economía que están puntualmente afectados por la pandemia: «Siempre hemos acompañado a todos los sectores, pero justamente se da la casualidad de que el sector del turismo, que está totalmente frenado, y el gastronómico, que ha mermado mucho su actividad, se comunican con nosotros muy preocupados por esta realidad, entendiendo que ellos mismos necesitan una extensión producto de que no van a poder hacerle frente a un nuevo contrato o a una mudanza».
Además, el referente local de inquilinos se refirió a otro reclamo que están llevando adelante: «Se habla la posibilidad de que el Estado genere un mecanismo de acompañamiento a estos sectores que no pueden hacerle frente a una deuda como la que se les vino generando en todo este tiempo de aislamiento. Lo hacemos en el sentido de que muchas personas que son propietarias en Rosario necesitan de ese cobro del alquiler para vivir, no es como en CABA, aquí la gran mayoría de los propietarios son de la misma clase social que los inquilinos».
«También estábamos pidiendo que empiecen a haber mecanismos de implementación de la Ley de Alquileres. El jueves obtuvimos una respuesta en la que el Banco Central publicó el mecanismo de ajuste anual que está dispuesto en la Ley, en el cual se integra en partes iguales la inflación y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Esto trae criterios objetivos para generar los aumentos, y no se basa sólo en especulaciones futuras», añadió.
Sobre la respuesta que han obtenido por parte del gobierno nacional ante estos reclamos, Canelli señaló: «Venimos teniendo charlas con el Ministerio de Desarrollo y Ambiente y con la Jefatura de Gobierno, que a raíz de la pandemia es la que determina todas las cuestiones para enfrentar al coronavirus. Ambos sectores nos vienen planteando una necesidad de estudiarlo, que lo tienen en carpeta y estamos esperando la respuesta. Creemos que se hace muy necesario. Esto no sólo trae aparejado la vivienda, sino también los comercios y las locaciones rurales. Entendemos que hay muchos comerciantes que recién ahora han empezado a levantar un poco la situación económica y hay una realidad que podría ayudarlos muchos el Decreto 320».
Otro factor que preocupa a las entidades que nuclean a los inquilinos es el de los desalojos, los cuales están prohibidos por el Decreto 320. Al respecto, el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, declaró que «la situación es gravísima en materia de presión de inmobiliarias y propietarios para desalojos violentos sobre inquilinos e inquilinas que no pueden abonar el alquiler o que tienen deudas y que no saben adónde van a ir a vivir una vez que finalice el decreto».
En ese sentido, Canelli señaló que se han registrado situaciones de ese tipo en la ciudad de Rosario: «Hemos tenido situaciones en las que hemos tenido que intervenir. Tenemos un caso puntual que estamos tratando con el Inadi y que tiene muchas aristas. A una chica inmigrante le hicieron una especie de cuento del tío, le dijeron que vaya a la inmobiliaria para firmar un contrato nuevo, no leyó y terminó firmando la recisión del contrato. Cuando volvió al departamento no tenía la llave. Es un caso muy complejo».
«Lo que veníamos haciendo en la pandemia era frenar eso, tratar de intervenir previamente, pero hemos tenido intentos de desalojos muy violentos, estando prohibidos por el decreto. Se han llegado a plantear lógicas del ‘Far West’, en el cual nos dicen ‘no sé lo que dice la ley, en esta vivienda se hace lo que yo digo'», agregó.
Por último, al referirse al cumplimiento del alquiler por parte de rosarinos y santafesinos, el presidente de la Asociación de Inquilinos detalló: «Hoy nos encontramos en que entre un 30 y un 40% de la sociedad de Santa Fe y Rosario el mecanismo que ha encontrado para enfrentar lo que trajo aparejado la pandemia fue endeudarse, entendiendo que era un mecanismo contemplado en el Decreto 320 y ante la imposibilidad de pagar el alquiler no le quedaba otra opción».