"No nos corresponde opinar del tema", expresaron desde el gobierno ecuatoriano respecto a la presentación del ex presidente como candidato a vicepresidente en los próximos comicios
El secretario general de Gabinete de la Presidencia de Ecuador, Juan Sebastián Roldán, afirmó que la posibilidad o no del ex presidente Rafael Correa de ser candidato a vicepresidente en las elecciones de febrero próximo «recae solo en los jueces y los fiscales».
«A nosotros como Gobierno nacional no nos corresponde opinar del tema», dijo Roldán en una entrevista con la agencia de noticias EFE en España, adonde viajó para conocer de cerca la situación de sus compatriotas en situación de vulnerabilidad debido a la pandemia de coronavirus.
Correa, que reside en Bélgica desde que dejó el poder en 2017, fue declarado culpable de cohecho y condenado a ocho años de prisión e inhabilitación política en Ecuador por el denominado caso Sobornos.
Su candidatura a la vicepresidencia de Ecuador se impuso en las primarias del movimiento Centro Democrático, pero debe oficializarla, de manera presencial ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en el plazo de diez días.
Aunque el Centro Democrático lograra registrar a Correa como aspirante a la vicepresidencia, su participación aún no estaría asegurada, ya que tras el registro de las postulaciones de los candidatos el ente electoral inicia un proceso de revisión de requisitos e inhabilidades, que concluye el 7 de octubre, consignó la agencia de noticias EFE.
El jueves último, simpatizantes del exmandatario marcharon por las calles de Quito hasta la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), acompañando al candidato presidencial Andrés Arauz, un joven economista de 35 años que lideró varios ministerios bajo el mandato de Correa (2007-2017) y fue director del Banco Central.
Correa, que reside en Bélgica, está a la espera del fallo en última instancia de una condena a ocho años de prisión y 25 de inhabilitación política por el llamado caso «Sobornos 2012-2016», en el que se lo acusa de haber recibido coimas de la empresa brasileña Odebrecht.
Al proceso judicial le resta un recurso de casación que podría resolverse en las próximas semanas y de acuerdo con juristas tras su conclusión la sentencia pasa a considerarse ejecutada, es decir, que la causa ya no admite recurso judicial alguno.