El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, recomendó este viernes que la Corte Penal Internacional (CPI) «se implique» en casos de presuntos abusos cometidos en Venezuela.
«Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia», afirmó Zeid en un comunicado.
La Oficina de Alto Comisionado publicó su segundo informe a distancia -las autoridades le deniegan el acceso al país- sobre la situación en Venezuela, en el que se denuncian presuntas ejecuciones sumarias, uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, torturas y detenciones arbitrarias a manos de las fuerzas de seguridad. Concretamente, el informe documenta las presuntas ejecuciones sumarias perpetradas en el curso de operaciones de lucha contra el crimen organizado denominadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) entre 2015 y 2017, y Operaciones Humanitarias de Liberación del Pueblo a partir de 2017, reseñó la agencia de noticias EFE.
La Fiscalía General registró 505 muertes a manos de las fuerzas de seguridad durante las OLP que según las fuentes de la Oficina seguían el mismo patrón: incursiones en los barrios pobres con el fin de detener a los «criminales» sin orden judicial y manipulación del lugar de los hechos para simular enfrentamientos y poder afirmar que las muertes fueron el resultado de intercambios de disparos.
La Fiscalía inició 373 investigaciones de agentes, pero hasta este viernes no hay información sobre ninguna de estas. Asimismo, el informe documenta la muerte sin investigación de 43 reclusos en una cárcel del Amazonas. Según las informaciones recabadas, al menos 280 personas han sido «arbitrariamente privadas de libertad por expresar sus opiniones políticas, por ejercer sus derechos o por ser consideradas una amenaza al Gobierno».
«El hecho de no haber responsabilizado a las fuerzas de seguridad por las violaciones tan graves de derechos humanos que se han perpetrado, sugiere que el Estado de Derecho está prácticamente ausente en Venezuela», evaluó Zeid.
El texto también se refiere a la grave crisis alimentaria por la que atraviesa el país y acusa al Gobierno de Venezuela de «ignorar» su dimensión. Finalmente, señala el alarmente índice de probreza que afecta al país y el incremento de la desnutrición infantil.