Mientras los rosarinos intentan recuperar su actividad económica y laboral, la Municipalidad avanza con clausuras y actas de infracción en medio de una situación totalmente extraordinaria
¿Se pueden adoptar medidas ordinarias, regulares, en medio de circunstancias extraordinarias? Sí, se puede, lo que no significa que se debe, todo lo contrario. El próximo jueves 20 de agosto se cumplirán cinco meses de aquel 20 de marzo en el que el presidente Alberto Fernández decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio para todo el territorio nacional. No es novedad que la pandemia del coronavirus golpeó, y mucho, a un país que venía a los tumbos en materia económica, pero sin embargo hay situaciones, actitudes de ciertos funcionarios, que parecen no contemplar que la sociedad atraviesa una situación totalmente extraordinaria.
Rosario es una de las ciudades del país que avanzó en liberar restricciones y, por ahora (y a pesar de un considerable aumento de casos positivos), no ha vuelto hacia atrás. Y mientras los rosarinos intentan ponerse de pie tras el desastre ocasionado por el Covid-19 (entre otros desastres), la Municipalidad avanza con clausuras a comercios y actas de infracción en el tránsito, entre otras medidas punitivas.
Durante las últimas horas agentes municipales clausuraron bares, mientras que en la semana se pudieron ver grandes (llamativamente grandes) operativos de control de tránsito en los que se labraron actas de infracción a automovilistas y motociclistas en una ciudad en donde el transporte público está en crisis (y no por culpa precisamente de los choferes) y sobre el cual las mismas autoridades e infectólogos aconsejan no usar. Muchos trabajadores, que en los últimos días se trasladaban en sus motos, vieron confiscados sus vehículos.
Trascendió, por ejemplo, que uno de los locales gastronómicos en cuestión fue clausurado por tener vencidos los extintores. Entonces, en medio de todo un contexto de completa incertidumbre, de crisis inédita, con negocios trabajando a menos del 50 por ciento y con situaciones económicas asfixiantes, el Estado no hace más que profundizar la aguda crisis a través de estas determinaciones que apuntan directamente contra la recuperación laboral de una ciudad ya muy golpeada.
No se trata de convalidar el desorden o hacer la vista gorda ante situaciones de violaciones a las normas graves, pero en situaciones de menor cuantía ¿no debería el Estado ser más flexible, conceder oportunidades de reivindicación, sobre todo a quienes no son reincidentes y apuestan por el trabajo y la producción?
Parece haber una situación que no se enmarca en la necesidad de empatizar y comprender en qué momento tan particular se encuentra la sociedad, castigada por la economía, la inseguridad, el humo (que nadie combate), la imposibilidad de trasladarse y, por supuesto, el impacto físico y mental ocasionado por la pandemia.