Opinión

Justicia social, feminismo y territorios en un Estado presente


Por Erika Roffler, secretaria de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

El vínculo entre justicia social, feminismos y territorios representa uno de los desafíos centrales para las políticas públicas de nuestro gobierno, en el difícil contexto que nos plantea la pandemia de Covid-19. Es una problemática inédita que se suma a las ya complejas condiciones que viven los sectores populares; y, especialmente, nuestras mujeres más pobres. El territorio es política y socialmente construido, y en ese ejercicio de construcción cotidiana, hay una enorme red social y comunitaria, sostenida mayormente por las mujeres más pobres. Entonces, allí tenemos un enorme desafío en la política social.

La política social y el Estado tienen como prioridad la protección y la ampliación de los derechos. En clave feminista, tenemos la obligación de reconocer esos derechos, visibilizar a esas mujeres, y pensar cómo toda la política social y cada uno de los programas que venimos implementando desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, cruzan con esta mirada de género y con esa política de reivindicación de derechos. Para esto necesitamos no seguir sosteniendo miradas que son estereotipadas con respecto a las mujeres y a las madres pobres. Por el contrario, tenemos que potenciar una perspectiva que comprenda a esas mujeres como sujetos de derechos y no sólo como prestadoras o, peor aún, beneficiarias de los programas sociales.

Dora Barrancos suele señalar: «Nadie nació feminista». Es un gran acierto, porque es una posición que no excluye; y que, por el contrario, nos convoca y nos tiende una mano para repensar nuestras prácticas. Queda claro que tenemos una tarea bien importante de seguir formando y formándonos, revisando nuestro día a día.

Las oportunidades de ir construyendo la política social territorialmente, con las mujeres y en clave feminista, deben ser un norte y un desafío también en términos de la gestión de las políticas públicas. En ese sentido, los municipios, las organizaciones, los movimientos sociales son nuestra red en el territorio; y en esa red nosotros, efectivamente, tenemos el desafío de interpelarnos.

Ya tenemos una lección que nos deja la pandemia. La potencia de las mujeres se reedita frente a la Covid-19, en las ollas populares, en los espacios comunitarios, en los comedores. Ahí están nuestras mujeres de menores recursos, quienes necesitan más aún esa garantía del Estado en términos de política social. Es hacia ahí donde vamos, porque es nuestro desafío y porque es el mandato de gestión que nos ha marcado el presidente Alberto Fernández.

Desde el 10 de diciembre nuestro país no sólo tiene el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, sino que también se ha puesto en marcha desde el Estado nacional una apuesta histórica como el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género. También con el plan Potenciar Trabajo, que lanzó Daniel Arroyo desde nuestro Ministerio de Desarrollo Social, estamos implementando una línea de acompañamiento para garantizar un ingreso para aquellas mujeres en situación de violencia y para la población trans.

La economía del cuidado también es un eje central para nuestro gobierno. El Ministerio de las Mujeres generó una mesa interministerial para consolidar políticas públicas en este sentido y acaba de presentar la Campaña Nacional «Cuidar en Igualdad». Se trata de un desafío que es conceptual, pero que también nos interpela en nuestras propias vidas personales, conciliando el trabajo, la familia, los cuidados.

No son ideas abstractas, es un Estado presente que está destinando recursos y generando políticas públicas concretas. Nuestro desafío político y de gestión es: feminismo, justicia social y territorio. Tenemos que ir con estas tres banderas juntas. Nos necesitamos a todas para construir el país que soñamos.