Jorge Di Lello apeló el fallo del juez federal Ariel Lijo, quien se declaró incompetente y remitió el expediente a Formosa
El fiscal federal Jorge Di Lello pidió que el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y el ex vicepresidente Amado Boudou sean investigados en Comodoro Py y no en la provincia del NEA por la causa donde se investiga una trama del caso Ciccone.
Lo hizo al apelar el fallo del juez federal Ariel Lijo, quien se había declarado incompetente y remitido el expediente a Formosa.
La investigación es por el pago de más de 7,6 millones de pesos que hizo la Gobernación a la firma The Old Fund por un supuesto asesoramiento con el manejo de la deuda pública de esa provincia con el Estado Nacional.
Se trató del desembarco de la empresa en la esfera pública y su preparatoria para luego adquirir las acciones de la empresa Ciccone Calcográfica, hecho por el cual la Justicia condenó a Boudou al considerar que estuvo detrás de esa operación millonaria.
La causa siempre tramitó en el Juzgado de Lijo, pero tras un planteo de la defensa de Insfrán, a cargo de Sergio Vargas, el magistrado se declaró incompetente.
El juez federal tuvo en cuenta un fallo de la Corte Suprema que estableció que ante la intervención de funcionarios federales y provinciales en un mismo hecho «corresponde la escisión del expediente a los efectos de que la Justicia de excepción entienda en la responsabilidad que podría corresponderle a los funcionarios nacionales, mientras que la Justicia provincial debía dilucidar la imputación realizada a los funcionarios locales».
Por ello, la investigación contra el gobernador, la ex ministra de Economía Inés Lotto de Vecchietti, a Jorge Ubaldo Melchor (ex titular del Fonfipro) y a Martín Cortés (presidente del Banco de Formosa) pasaban a la Justicia provincial, mientras que Boudou, su amigo y socio José María Nuñez Carmona y Alejandro Vandenbroele quedaban en la Justicia federal.
Pero ahora Di Lello apeló el fallo y pidió que todos sean investigados en Comodoro Py ya que se trató de un único hecho, y remarcó que incluso ya se tomaron las indagatorias meses atrás.
«Resulta jurídicamente incongruente a esta altura del proceso, luego de indagados los imputados y sin habérsele resuelto la situación procesal, disponer una división de las participaciones que se le atribuyen cuando claramente el hecho es el mismo», opinó el fiscal en la apelación al fallo de Lijo.