El gobierno nacional anuló por decreto la posibilidad de que se realicen encuentros familiares en todo el territorio nacional. Especialistas cuestionaron la medida y pusieron en duda su legalidad
Tras la extensión de la cuarentena que se anunció el viernes pasado, el gobierno nacional continuó tomando medidas complementarias. Una de ellas fue la prohibición de reuniones sociales en todo el país. Esta posibilidad no estaba prevista en el área metropolitana de Buenos Aires ni en el resto de los lugares en los que hay circulación comunitaria. Sin embargo, en muchas localidades de otros distritos sí se permitía.
Ante la escalada de casos registrada, el Ejecutivo Nacional publicó el decreto 641, tal como consta en el Boletín Oficial. Una de las disposiciones que causó más controversia se encuentra en el artículo 9. Allí se prohíben “los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes”.
Esta medida, con la que el Gobierno busca frenar el avance de la pandemia, fue criticada tanto desde el punto de vista jurídico como político. El constitucionalista Félix Lonigro calificó la medida de “escandalosa, arbitraria e inaceptable”. Según su visión, la medida falla tanto en su legalidad como en su razonabilidad.
En cuanto al primer principio, cree que “pasaron cinco meses y el Congreso está funcionando”, por lo que no debería realizarse mediante un DNU. En cuanto a la razonabilidad, considera que “se nos meten en nuestras casas. Nos dicen hasta que tenemos que abrir nuestras ventanas”.
Por su parte, el abogado constitucionalista Lorenzo Barone sostuvo que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que prohíbe las reuniones sociales y familiares en todo el país, «avanza contra los principios de libertad y el federalismo».
«El primer punto es que todos estamos de acuerdo con la necesidad de realizar actividades que tiendan a favorecer la no transmisión del virus. En segundo lugar, el primer DNU (20 de marzo), que estableció el aislamiento, tuvo amplia aceptación en un momento donde no había organismos provinciales», comentó en diálogo con Cadena 3.
En el mismo sentido, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay fue otro de los que salió a cuestionar esta medida tomada por el Gobierno. De esta forma, el letrado aseguró que esa legislación refleja «un desconocimiento total del derecho penal».
En declaraciones radiales manifestó que «está estrictamente prohibido legislar a través de un decreto de necesidad y urgencia en materia penal». Además, como consecuencia de que el decreto del Gobierno contempla la enmarcación de las reuniones sociales como delitos ya existentes en materia de salud pública, remarcó: «No se puede legislar por analogía». Así, consideró «una barbaridad» esta idea, ya que explicó que los jueces sólo pueden interceder en el caso de que exista un delito.