"Muchos teníamos la convicción de que esto estaba ocurriendo", señaló el fiscal Narvaja en diálogo con CLG Radio
En medio de graves investigaciones en su contra, el fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, renunció a su cargo a última hora del domingo. Una de las investigaciones en cuestión es porque podría haber cobrado coimas a cambio de protección. Desde la Asociación de Fiscales del Ministerio Público de la Acusación, aclararon que también piden la renuncia del abogado a su cargo de planta.
«Una de las decisiones que tomamos en una reunión ampliada de directorio fue pedirle la renuncia al doctor Serjal, pero le pedimos también que renuncie al cargo de fiscal de planta, más allá de fiscal regional», explicó Sebastián Narvaja miembro de la comisión directiva de la Asociación en diálogo con CLG Radio. Además, adelantó que la Legislatura «puede dar una suspensión preventiva» al cargo en ese sentido.
En cuanto a la noticia de las investigaciones, detalló: «La primera reacción general de todos los colegas fue una profunda conmoción e indignación». «Para quien hace su trabajo cotidianamente tratando de mantenerse dentro de los márgenes de la ley y de la responsabilidad, ver que la institución se ve cuestionada públicamente y manchada, genera bastante pena y bronca. Así nos lo explicaron la mayoría», reveló.
De todas maneras, declaró: «Muchos teníamos la convicción de que esto estaba ocurriendo, pero una cosa es tener la convicción y otra, las pruebas». Y desde su punto de vista personal, aclaró: «Yo no me imaginé el final este porque no tiene que ver sólo con un accionar ilícito, sino con un alto nivel de torpeza y de descuido para hacer la cosas. Normalmente, la persona que siente impune, deja de tomar recaudos».
«La Justicia es una de las instituciones que tiene un grado alto de desprestigio en la sociedad y la percepción pública y es algo que está incluso relevado científicamente», sostuvo. E indicó: «Es un desafío y compromiso para quienes la integramos revertir esa situación».
En ese mismo sentido, señaló: «Como Asociación de Fiscales, estamos en línea con lo marca la ONU con el código de conducta de las personas encargadas a hacer cumplir la ley. Eso implica que tenemos estándares y debemos tener la preocupación constante no sólo por ejercer nuestra función de manera íntegra sino de cuidar la integridad de la institución». «Comportamientos como los que se están dando dañan profundamente la imagen de integridad de la institución», analizó.
Sobre el final, se refirió a las investigaciones en sí mismas sobre el doctor Serjal: «La imputación depende de elementos muy concretos de evidencia. Lo que surge claramente es que habría recibido sumas de dinero para influir en que la fiscalía haga o deje de hacer cosas. Si es así, constituye un delito de cohecho, coloquialmente conocido como soborno».
En el caso de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el Código Penal establece «una pena más alta». «El delito de cohecho judicial es un delito que tiene pena de prisión mínima de 4 años», advirtió.