Se lo comunicó por escrito al fiscal general Jorge Baclini. La trama de un escándalo judicial sin precedentes
El fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, renunció a su cargo en medio de graves investigaciones en su contra que lo tienen en el ojo de la tormenta. Una de ellas por haber cobrado coimas a cambio de protección. Serjal comunicó su decisión de dar un paso al costado a través de un escrito presentado ante el fiscal general Jorge Baclini.
La causa, que investiga a Serjal y a Ponce Asahad, tiene como principal hipótesis el cobro de dinero a cambio de impunidad para Leonardo Peiti, uno de los integrantes de una banda acusada por juego clandestino y extorsiones, que ya fue imputado y declaró como arrepentido.
En su testimonio, Peiti, que declaró como arrepentido, dijo que tuvo unos 30 encuentros, en un año, con Ponce Asahad; y dos con Serjal. En su declaración, habló de la entrega de entre 4 y 5 mil dólares por mes para que no se lo persiguiera penalmente. Desde Fiscalía dijeron que hay registros fílmicos y telefónicos, como evidencia contra los funcionarios.
Según da cuenta el diario El Ciudadano, Serjal llegó a Rosario para sumarse a las filas del flamante Ministerio Público de la Acusación que se puso en marcha en febrero de 2014. Ingresó a la Unidad de Flagrancia y Turno, una oficina donde los fiscales están en la primera línea de fuego y se ocupan de todo lo que no estaba designado a una unidad especial.
Allí Serjal hizo sus primeras herramientas en el MPA santafesino y coincidió con su par Gustavo Ponce Asahad, que venía del viejo sistema procesal penal. Había sido prosecretario de la cuestionada jueza María Luisa Pérez Vara cuando se produjo el crimen de Luis Medina y su novia Justina Pérez Castelli en diciembre de 2013.
Tras asumir hubo un cuestionamiento en cuanto al cumplimiento de los requisitos formales para ser fiscal, ya que algunos se preguntaron si contaba con el plazo legal necesario en cuanto al cambio de domicilio. Pero dos años despúes, Serjal quedó en la mira de la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura cuando archivó una causa contra un empresario al que luego le compró dos autos cero kilómetro por dos millones de pesos, en una causa investigada por la Unidad de Delitos Económicos.
La pesquisa se inició por una denuncia del empresario Omar Santero, de Carrocera Sudamericana, contra Rómulo González, titular de la concesionaria Auto Rosario por los delitos de retención indebida, fraude y administración infiel. En abril de 2019 los fiscales del caso Natalia Benvenuto y David Carizza desestimaron la denuncia y Serjal confirmó el archivo en junio de ese año. Menos de un mes después del archivo Serjal compró dos autos Toyota cero kilómetro en esa concesionaria.
En noviembre pasado el fiscal general Baclini revocó la decisión de Serjal, reabrió la investigación contra González y emitió una resolución donde dijo que la situaciones expuestas en el caso implicarían una violación a la responsabilidad ética y a la transparencia que se le exige a todos los funcionarios del MPA. Tras esta intervención, Serjal pidió su apartamiento de la causa, cuenta el preinforme. La entonces diputada Alicia Gutierrez pidió una investigación contra el fiscal regional por posible mal desempeño.