El Instituto de Cine y Artes Audiovisuales presentó el mismo este domingo
El Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) emitió este domingo su segundo informe de gestión del año en el que hizo referencia al allanamiento sufrido la semana pasada, a los pagos adeudados que debió hacer frente y al «imperativo» ordenamiento legal que debería tener la industria audiovisual, entre otros temas.
Sobre el allanamiento dispuesto por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 7, el Incaa resaltó que «la mayor parte de los expedientes incautados no corresponden a subsidios otorgados en 2020 sino a deudas de 2019 saldadas este año».
Entre ellas, explicó mediante el documento, se encuentra el pago al filme animado «El Paraíso», que fue denunciado en un canal de televisión por supuestamente tener relación con el titular del instituto, Luis Puenzo.
«Dicho pago -señaló el Incaa- corresponde al largometraje (…), presentado en agosto de 2018 por Ziok SRL y Nomad All SRL. (…) El 9 de mayo de 2019, el entonces presidente del Incaa, Ralph Haiek lo declaró de interés. Y el 29 de agosto de 2019 el mismo funcionario seleccionó 52 proyectos beneficiarios de anticipos de subsidios, entre ellos ‘El Paraíso'».
El pago fue ordenado el 13 de marzo de 2020, luego de que se diera por iniciado el rodaje el 5 de diciembre pasado. Por ello, puntualizó el Incaa, la Unidad de Auditoria Interna, ante una consulta de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) contestó que Puenzo «no es integrante de las sociedades coproductoras del proyecto, beneficiarias del anticipo de subsidio otorgado».
En otro punto del Informe de Gestión, el instituto también hizo hincapié en la importancia de una reforma de la Ley de Cine para incluir el impuesto a las plataformas, como también de otras normas, como la de caducidad de los fondos de financiamiento y «lo que queda de la Ley de Medios».
Al respecto, el Incaa sostuvo: «Es evidente que el ordenamiento y unificación de los proyectos y leyes vigentes referidas a la producción, distribución y exhibición de las industrias audiovisuales en el territorio nacional, es imperativo».
A su vez, el texto indicó que al 30 de junio «la mitad de ese tiempo con el personal del Instituto trabajando a distancia y los ingresos reducidos por el cierre de las salas, hemos pagado en conceptos de fomento $ 667.926.089», al tiempo que se había declarado «la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social».
Además, recordó la colaboración para las obras sociales del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA APMA), al Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID), al Sindicato Argentino de Músicos (SADEM) y al Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines (SUTEP).
También, subrayó el apoyo a diferentes fondos; el «acompañamiento» a la ayuda económica de Netflix a desempleados del sector; los créditos a tasa cero y la convocatoria a concursos, además de la continuidad de los comités de selección, según dijo en el comunicado el Incaa.
«Al iniciar nuestra gestión, habiendo asumido con la decisión de sanear el Instituto, nos reunimos con autoridades de la Oficina Anticorrupción para trabajar en forma conjunta en la implementación de un plan de transparencia para la industria», agregó el informe, tras lo cual explicó que se cancelaron dos proyectos, «uno por irregularidades en la tramitación» y, el otro, por el pago para la digitalización de salas (VPF).
«La legitimidad del uso de los fondos del Incaa para fines distintos a los indicados en la Ley nos parece, por lo menos, dudosa. Sin contar con que la reconversión tecnológica ya estaría sobradamente cumplida», se detalló.
En otros puntos, destacó el programa Jueves Estreno, que dio pantalla a los filmes que vieron frustrada su exhibición en sala, como también la colaboración con otros ministerios, y remarcó que «la plataforma Cine.ar Play alcanzó las 60.000 visualizaciones en un solo fin de
semana (viernes, sábado y domingo) con picos de 2.500 usuarios simultáneos».
«Como ya lo hemos dicho, los fondos que el Instituto dispone a medida que ingresan, salvo los destinados al mantenimiento de la propia estructura, son íntegramente destinados a pagar deudas atrasadas y al fomento de proyectos en pre o post producción, con lo que ayudamos a fortalecer las cadenas de pago que se entrecruzan en nuestra actividad. Hemos separado de la tramitación normal los expedientes considerados dudosos», concluyó.