Se trata de María del Carmen Battaini, jueza de Tierra del Fuego e integrante del comité de expertos para la reforma judicial
La jueza de Tierra del Fuego e integrante del comité de expertos para la reforma judicial, María del Carmen Battaini, afirmó este sábado que propondrá la implementación de mecanismos para asegurar la paridad de género en ámbitos judiciales y así vencer al «techo de cristal».
En una entrevista con la agencia Télam, la actual vocal del Superior Tribunal fueguino e integrante del consejo consultivo de 11 miembros que asesorará al presidente Alberto Fernández, también remarcó la necesidad de «un cambio de sistema» en la Corte Suprema pero aclaró que esa iniciativa «no necesariamente implica un aumento en el número de jueces».
«No puede ser que una causa se demore diez años en la Corte. En materia previsional, por ejemplo, hay casos con tanta demora que cuando llega la decisión, ya falleció el pobre jubilado que promovía una demanda», analizó la magistrada.
No obstante, insistió en que «a priori» no se puede concebir al aumento de los miembros del tribunal como la mejor solución para esos problemas.
«Primero hay que ver si se puede buscar algún tipo de soporte o herramienta, como puede ser la tecnología, para agilizar la tramitación y resolución de expedientes. Ese sería un primer filtro», evaluó.
Por su parte, Battaini adelantó que como parte de su impronta personal, propondrá a la comisión de expertos la implementación de mecanismos para asegurar la paridad de género en ámbitos judiciales.
En esa línea, habló de vencer al «techo de cristal», consistente en la «segmentación jerárquica» que existe entre hombres y mujeres a medida que se escala la pirámide de cargos y funciones.
«En los cargos administrativos de planta, hay más mujeres que hombres. En la primera línea de funcionarios (subsecretarios, o secretarios) existe una paridad. Entre los magistrados de primera instancia o de Cámara, ya hay 40% de mujeres y 60% de hombres», dijo.
Y completó que «cuando llegamos a los cargos de última decisión (cortes provinciales y nacionales) la diferencia es atroz: 28% de mujeres y 72% hombres».
La jurista, que se desempeña en Tierra del Fuego desde 2003, dijo sobre el mismo tema que hay provincias como Río Negro, donde la paridad está legislada, e incluso destacó la Constitución de la ciudad de Buenos Aires donde «se establece que el superior tribunal no puede conformarse por personas del mismo sexo». Según Battaini, la reforma judicial encarada por el Gobierno nacional «no tiene temas prioritarios».
«Todos los que se mencionan son de gran interés y se relacionan entre sí. A veces unos dependen de otros. El Consejo de la Magistratura es un tema sensible e intenso. La Corte Suprema por supuesto que también. Todos son importantes», evaluó la actual titular de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas (Jufejus).
También reconoció que la reforma traerá aparejada una «resistencia» que «es inherente a cualquier actividad humana».
«Pero si nos dejamos llevar por la resistencia, los palos en la rueda y las piedras en el camino, nunca vamos a hacer nada, y la Justicia nunca va a cambiar», aseveró.
La magistrada fueguina admitió que su designación en el comité de especialistas la tomó «por sorpresa», si bien lo interpretó también como «un reconocimiento hacia la provincia», para poder «realizar aportes, a pesar de las distancias y de las realidades tan distintas», indicó.
La jueza explicó que el consejo asesor trabajará primero «en su propia dinámica de funcionamiento» y después en el cumplimiento de objetivos específicos.
«No venimos para la foto, sino para plantear un servicio de justicia más eficiente. Cada uno hará su aporte y dejará una impronta», aseveró la actual directora de la Escuela Judicial y extitular del Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego.
Battaini, quien llegó a ser secretaria letrada de la Corte Suprema, fue designada jueza del Superior Tribunal fueguino el 6 de febrero de 2003.
Su llegada al cargo se produjo en medio de un período de crisis institucional de la justicia provincial, producida cuando el ex gobernador Carlos Manfredotti aplicó un inédito sistema de jubilación anticipada y obligatoria, y reemplazó a buena parte de la cúpula judicial de la isla.