Será el próximo 10 de agosto y aún no definieron la modalidad, de todas formas confirmaron que se desarrollará en todo Santa Fe
El segundo plenario virtual de secretarios generales de los gremios agrupados en la Federación Sindical de Trabajadores Municipales (Festram) de Santa Fe aprobó este viernes la realización de medidas de fuerza para la semana próxima «en día y modalidad a determinar», en demanda de «una actualización salarial».
Luego de tres horas de debate, donde 35 sindicatos de todo el territorio provincial expusieron su realidad, se decidió que el próximo 10 de agosto se lleve adelante un paro general. El secretario general del Sindicato de Municipales de Rosario, Antonio Ratner confió que la «protesta pueden ser varias y pueden depender de cada localidad»: «Toda la provincia va a protestar por la falta de convocatoria del gobierno».
Además sentenció: «Apostamos al diálogo y el consenso pero necesitamos respuestas» y agregó: «Los trabajadores estamos condenados a pagar los gastos de la pandemia, no encontramos ni siquiera la palabra de los intendentes que se refieran a nuestra situación».
Los dirigentes sindicales exigieron «urgentes respuestas» en relación con «el aumento de las asignaciones familiares y el pago de un bono» para los trabajadores de la actividad, que fueron considerados «esenciales».
Los secretarios generales facultaron a los referentes paritarios a disponer «la modalidad y fecha del inicio del plan de lucha si no hay soluciones positivas».
Los dirigentes coincidieron de forma unánime en que «no hay más espacio para aguardar una actualización de haberes, ya retrasados seis meses, porque perdieron el 13,6 por ciento en relación con el Indice de Precios al Consumidor (IPC) y el 17,2 por ciento comparados con el valor de la canasta alimentaria».
Un documento gremial firmado por el titular de la Festram, Claudio Leoni, sostuvo que los intendentes «tomaron un crédito de más de 800 millones de pesos a partir del ahorro generado por la caída de los salarios municipales».
«Los trabajadores realizaron un gran esfuerzo económico para sostener el funcionamiento de los servicios públicos esenciales en el contexto de la permanente lucha contra la Covid-19 y la epidemia de dengue”, aseveró.
«Existe elevada responsabilidad de los jefes comunales y de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) sobre las condiciones de seguridad. Los municipales sufren un alto deterioro de sus ingresos familiares. A ello se suman casos de contagios en el sector como consecuencia de esas tareas esenciales», remarcó.
Leoni explicó que el salario de bolsillo promedio apenas supera en un 2 por ciento el valor de la canasta básica total de junio último, por lo que «la mitad del personal está por debajo de la línea de pobreza», y explicó que quienes cobran el haber mínimo garantizado y son sostén de una familia tipo tienen un ingreso de 30.500 pesos frente a una canasta básica de 43.811 pesos.
«A todo ello se suma que en muchas comunas provinciales no se cobró el bono de 3 mil pesos, y que las autoridades pagan a personal informal salarios inferiores al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), sin obra social ni aportes», cerró el texto.
Por otra parte, Ratner remarcó el pedido para que se revean las asignaciones familiares ya que, contó, que cada trabajador recibe 3 pesos por un hijo en edad escolar de primaria, lo que significa la peor paga a este tipo de trabajadores en toda la Argentina.
Por último, habló de los atrasos de los salarios que «están fijos desde diciembre» y aclaró: «No queremos aumento sino que se ajuste a la inflación que hay». En este sentido, el gremialista rosarino aseguró que los trabajadores perdieron entre 10 mil y 15 mil pesos de su poder adquisitivo.