Se trata de Jorge Chueco. Su defensa pide copias de los documentos que refieran a maniobras ilícitas de las que habría sido víctima
La defensa oficial de Jorge Chueco solicitó al Tribunal que lo juzga por supuesto lavado de dinero que pida al juzgado federal de Lomas de Zamora copias de la causa por espionaje ilegal que refieran a maniobras ilícitas de las que habría sido víctima el ex abogado de Lázaro Báez.
«Con la tranquilidad de que nuestras sospechas cada día se confirman un poco más, y no éramos parte de un mero discurso conspirativo», los defensores de Chueco pidieron copias de todas aquellas actuaciones que tengan «como víctima» de espionaje ilegal al ex letrado del empresario, según el escrito al que accedió Télam.
Los defensores Eduardo Chittaro y Gabriel Ojeda pidieron al Tribunal Oral Federal 4 que envíe un oficio al juez Juan Pablo Villena para que remita copias certificadas de las actuaciones donde se mencionaría a Chueco como una de las víctimas de las escuchas ilegales dentro de prisión, uno de los aspectos que investiga el caso.
Además y para «garantizar su derecho a defensa», solicitaron se remita al Tribunal Oral «toda otra actuación o constancia que lo tenga como víctima de la inteligencia ilegal».
Los defensores aludieron a escuchas de conversaciones que mantuvieron con Chueco cuando estuvo detenido en la causa por lavado de dinero en la que actualmente es juzgado junto al empresario Lázaro Báez, sus cuatro hijos y otra veintena de acusados.
«Se habrían escuchado conversaciones que mantuvimos con el nombrado en el ejercicio de su derecho de defensa nada más y nada menos que en esta misma causa; conversaciones que, parece necesario aclararlo, se encuentran amparadas por el secreto y la confidencialidad», concluyeron.
El ex abogado de los Báez estuvo detenido con prisión preventiva más de cuatro años hasta que fue excarcelado.
Ese tiempo lo pasó alojado en un módulo del pabellón de Ezeiza acondicionado para detenidos en causas por corrupción y narcotráfico, al que se llamó «IRIC», «Sistema de Intervención para la Reducción de Indices de Corruptibilidad».