El debate fue convocado para este viernes por la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara alta
Periodistas y especialistas de la comunicación participaron hoy de un debate sobre libertad de expresión convocado por una comisión del Senado y se refirieron a las polémicas de los últimos tiempos sobre ese derecho y a las distintas problemáticas en torno a los medios, el rol del Estado y la conectividad.
El debate fue convocado por la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara alta que encabeza el senador oficialista Alfredo Luenzo y participaron representantes del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y referentes del sector académico.
En representación del Sipreba y de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), Agustín Lecchi apuntó a la situación laboral del periodismo, al señalar que «en los últimos cuatro años se perdieron 4.500 puestos de trabajo» en el sector, al tiempo que «los salarios se redujeron en un 50 por ciento».
A su turno, la directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, Larisa Kejval, sostuvo que en «una mirada liberal clásica el término libertad de expresión es una coraza para impedir la intervención del Estado» y que, en otro enfoque, se trata de «un derecho social».
Por ello, sostuvo que «las regulaciones deberían garantizar la pluralidad y la diversidad» y que el Estado debe contar con una «regulación para poner límites a la concentración» de medios, ya que «solo cuatro grupos de medios acaparan el 74% de los diarios impresos y más del 50% de la radio y televisión abierta del país».
En tanto, el titular de FOPEA, Fernando Ruiz, aseguró que esa agrupación busca la «defensa del periodismo, más allá de la posición personal» de quienes ejercen la profesión y sostuvo que «a veces se usan voces muy agraviantes contra el periodismo y desde actores políticos importantes se repiten discursos de odio».
«Voces importantes acusan a periodistas de intimidadores, de ser torturadores y miembros de una asociación ilícita para espiar», indicó Ruiz, al tiempo que remarcó que para FOPEA «los periodistas son ciudadanos normales que en democracia pueden ser criticados como cualquier otra persona».
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Por otro lado, se metió de lleno en la discusión con el kirchnerismo y particularmente con la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, al considerar que el llamado «lawfare» se ha «convertido en un argumento para no dar explicaciones sobre denuncias de corrupción» y «se usa contra varios de los mejores periodistas del país».
Luego de su intervención llegó el turno de la directora de Asuntos Jurídicos del Senado y abogada de confianza de la vicepresidenta, Graciana Peñafort, quien respondió a los dichos del representante de FOPEA.
«Puedo entender a quienes no comparten la crisis del lawfare, pero el lawfare no pretende reemplazar nada. Yo he exigido a medios que me llamen y me pidan las pruebas. No quiero que escriban bien de las causas que yo llevo; quiero que escriban la verdad», señaló Peñafort.
Por otra parte, la letrada consideró que «no es atendible que un Estado censure, como tampoco es atendible que por el manejo de los medios se intente moldear desde un solo sector la opinión del público».
En este sentido, sostuvo que el acceso a internet es actualmente «un derecho humano» y señaló que hay un «nivel dramático de concentración de las carreteras por las que circula la información», al tiempo que advirtió que «unas pocas personas, con solo apretar un botón, podrían dejar sin conectividad a buena parte de la Argentina».