El empresario seguirá detenido en Ezeiza hasta que pague la fianza de $632 millones de pesos. La defensa había pedido bajar la cifra
El Tribunal Oral Federal 4 resolvió este viernes mantener el monto de la fianza de Lázaro Báez en 632 millones de pesos, por lo que el empresario no podrá salir de la cárcel de Ezeiza hasta que no complete esa cifra.
Así lo señalaron fuentes judiciales, luego de que el Tribunal le negara el pedido a la defensa de Báez, que había reclamado bajar la cifra de la caución por considerarla «imposible» de pagar.
Los jueces también negaron la petición del fiscal Abel Córdoba, quien había considerado que más allá de la discusión por el monto de la caución -que él recomendó este jueves en 386.578.500 pesos-, se le debía otorgar la prisión domiciliaria ya concedida en la causa conocida como M&P por lavado de dinero.
Guillermo Costabel, Jorge Gorini y Daniel Obligado entendieron que la defensa incurrió en errores de formalidad y en lugar de apelar el monto que fijó el Tribunal, insistió con una rebaja del mismo, sumado a otros problemas de procedimiento.
El fiscal había establecido que la caución debía ser de 5,5 millones de dólares, pero al hacer la conversión a pesos tomó en cuenta el dólar oficial, por eso la reducción propuesta en relación al monto fijado por el Tribunal, que tomaba el blue.
«En la actual vida económica de nuestro país no existe una única conversión del peso argentino con relación a la moneda estadounidense y como ejemplo de ello podemos mencionar al dólar oficial, dólar minorista, dólar Banco Nación, dólar BCRA, dólar mayorista o intercambiario, dólar financiero, dólar MEP o dólar Bolsa, dólar turista o tarjeta, entre otros, como así también que al momento de fijarse el monto finalmente establecido lo fue estrictamente de acuerdo a lo peticionado oportunamente por el acusador público», consideró el Tribunal.
En ese sentido, los magistrados aclararon que tuvieron en cuenta el valor del dólar MEP (Medio Electrónico de Pago), pues se ajusta a «parámetros exigibles de proporcionalidad y suficiencia para garantizar el sometimiento al proceso por parte del acusado Báez y asegurar sus fines, en el marco de un proceso judicial complejo por el delito de lavado de activos, que aún se encuentra en cierne y cuya fecha de realización no se encuentra definida».
También, aclararon los jueces a los abogados de Báez que la posibilidad de un seguro de caución está contemplada y que no amerita la consulta. La defensa había sugerido esa vía alternativa al señalar que Báez no tiene medios propios para pagar la caución, ya que están embargados en las múltiples causas en los que es investigado.
Por último, los jueces desestimaron de plano el pedido de los abogados de Báez, acompañado por el fiscal Córdoba, de darle la prisión domiciliaria igualmente a Báez mientras está en discusión el monto de la caución.
Según entendieron, «aún se encuentra vigente la prisión preventiva del encausado Báez» y no puede dársele la domiciliaria sin antes pagar la caución reiterada. Incluso, ante la situación del coronavirus y siendo Báez de grupo de riesgo por tener más de 60 años sumado a problemas de salud, los jueces dispusieron actualizar un informe que en marzo le permitió alcanzar la prisión domiciliaria de la mano del juez Sebastián Casanello en otra causa por lavado de dinero por la compra del campo «El Entrevero» en Uruguay.
Pidieron, además, actualizar el estado de salud de Báez y «la situación socio-ambiental con relación al domicilio denunciado y viabilidad del mismo, determinación de la persona allegada o familiar que habrá de actuar como garante y como responsable de su asistencia personal, alimentaria y médica, información respecto al acceso a la salud –obra social y/o prepaga- que posea y lugar donde concurriría ante una situación de emergencia, determinación registral de la propiedad aportada y eventual autorización de su titular para el uso a los fines ofrecidos».
Ello porque Báez adelantó que la prisión domiciliaria iba a cumplirla en una vivienda en el Country Ayres de Pilar de dicha localidad, ubicada en el kilómetro 43,5 de la ruta 8 (panamericana), donde los habitantes ya mostraron su repudio a tenerlo como vecino.