Hace 10 años, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en aprobar el casamiento entre personas del mismo sexo. CLG dialogó con referentes y políticos que explicaron la importancia de esta ley
Por Andrea Astiasuain
“El mismo amor, los mismos derechos”, señalaba el cartel en el escenario montado en la plaza Congreso, donde las organizaciones LGBTIQ+ se concentraron para escuchar el debate parlamentario. El reloj marcaba las 4.05 de la mañana cuando el Senado de la Nación, tras meses de debate, aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario, un momento bisagra para la sociedad argentina.
“Es una ley muy importante no solo para el movimiento sino para toda la sociedad”, consideró el ex subsecretario de Diversidad Sexual de la provincia de Santa Fe, Esteban Paulón, en diálogo con CLG.
“La Ley del Matrimonio Igualitario tuvo un impacto social mucho más grande que el paquete de derechos que nos otorgó. Nos dio el derecho a casarnos, a acceder a una pensión, a una herencia, a la obra social de tu pareja, a adoptar, a hacer papás o mamás a través de las técnicas de reproducción asistida, pero el efecto social fue mucho más importante y alcanzó a toda la sociedad”, manifestó el vicepresidente de la Federación Argentina LGBT (Falgbt).
“Si bien desde el inicio identificábamos que, por una cuestión de expectativa de vida o de exclusión, la Ley de Identidad de Género era mucho más urgente a los efectos prácticos para empezar a generar un cambio en la población trans, era mucho más fácil de explicar la Ley de Matrimonio Igualitario y, efectivamente, funcionó como una palanca que permitió que, en menos de dos años, se aprobara la Ley de Identidad de Género”, agregó.
La normativa fue la punta de lanza para una sociedad más libre e igualitaria. “Nos visibilizó, nos legitimó, nos puso en la agenda pública, se transformó en un catalizador de una gran y masiva salida del armario, en el arte, en la cultura y en la vida cotidiana. Muchas personas decidieron salir del closet a partir de esta ley diciendo que si el Estado ya me reconoce pleno, ¿por qué no poder hablarlo con mi familia?”, indicó Paulón.
En ese sentido, la ex diputada nacional Silvia Augsburger manifestó: “Lo que hizo el debate del matrimonio igualitario fue promover y empujar un cambio que se hubiese dado, pero con más tiempo”.
“No solo hizo una sociedad mucho mejor, que no discrimina por identidad sexual o por orientación sexual, aunque todavía tenemos que trabajar porque se siguen produciendo hechos discriminación, sino que también nos hizo a todos mejores personas porque cada una de nosotras revisó su propia experiencia personal. Fuimos conformados y socializados en un mundo absolutamente discriminador y esa revisión nos hizo mejores personas”, añadió.
Para Eugenia Sarrias, integrante de Las Sanfinas, la sanción del matrimonio igualitario “fue una instancia de promoción de derechos”. “Todas las políticas públicas están basadas en la idea de familia. Hablar de matrimonio igualitario, visibilizar esta posibilidad, más allá de que accedamos o no accedamos, es generar el debate en relación al derecho a la libre orientación sexual e identidad de género de las personas, el derecho al reconocimiento de sus afectividades, de sus familias”, aseguró.
A pesar de esto, Sarrias comentó que “para las lesbianas, la situación del matrimonio igualitaria fue desigualitaria, en el acceso, en la participación política”. “La desigualdad fue evidente, y sigue siendo evidente. Cuando a las mujeres nos gustan otras mujeres se juega la misoginia y el machismo social y hay un montón de sanciones para con nosotras”, aseveró.
Diez años después, muchos derechos por conquistar
A 10 años de la sanción de la ley, el colectivo LGBTQI+ sigue sufriendo discriminación, violencia y vulneración de derechos. Según el Observatorio MuMaLá Mujeres, Disidencias, Derechos, desde el primero de enero al 28 de junio se registraron unos 100 casos de violencias hacia el colectivo LGBTIQ+ en todo el país.
“Ninguna ley transforma automáticamente la realidad ni modifica las condiciones sociales que genera la discriminación. Este es un proceso que lleva su tiempo. Las transformaciones sociales y culturales van a un ritmo mucho más lento que el tiempo que puede llevar aprobar una ley. Es un trabajo que está inacabado, todavía sigue en proceso y, desde ya, falta mucho. Sigue habiendo situaciones de discriminación, crímenes de odio, violencia institucional, violencia cotidiana, estereotipos, burla, chistes, acoso, hostigamiento escolar… hay situaciones que siguen estando”, aseguró Paulón.
Sarrias comentó que la principal problemática que atraviesan las lesbianas tiene que ver con la salud sexual y reproductiva. “No tenemos acceso a campos de látex, no hay, no existen ni para comprarlos. Con lo que significa poder tener acceso porque tiene que ver con el derecho a cuidar nuestra salud”, señaló.
“El centro de nuestra agenda hoy es la Ley Integral Trans, porque ahí se nota más la brecha existente entre la ley y la vida cotidiana. Si bien el colectivo ha accedido masivamente al reconocimiento de su identidad autopercibida en su documentación personal con la Ley de Identidad de Género, hoy no accede en todo el país ni siquiera al derecho a la salud, que está en la ley. Hay derechos que están legislados y a los que no se puede acceder, tenemos situaciones estructurales muy complejas donde no se han revertido las cifras de expectativa de vida, sigue siendo muy bajo el acceso al sistema de salud y educativo. Sigue habiendo muy pocas oportunidades laborales”, concluyó Paulón.