Los exespías Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge Sáez sostuvieron que Villena no podía estar al frente del expediente porque él mismo había ordenado tareas de inteligencia en el Instituto Patria
Una catarata de pedidos de excarcelación llegaron al Juzgado Federal número 2 de Lomas de Zamora en el marco de la causa que investiga el presunto espionaje ilegal a dirigentes políticos, empresario y gremialistas durante la gestión de Mauricio Macri. Esto se dio porque la Cámara Federal de La Plata apartó hoy al juez de Lomas de Zamora Federico Villena, quien había realizado los pedidos de detención para varios acusados.
El tribunal de apelaciones hizo lugar al planteo de abogados defensores de exagentes de la AFI y, de este modo, apartó al juez del caso y resolvió que el expediente pase en su totalidad al Juzgado Federal número 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Juan Pablo Auge, según surge del fallo al que accedió Télam.
El juez de Cámara platense Agustín Lemos Arias -a cargo del Tribunal durante le feria extraordinaria- aceptó las recusaciones planteadas por las defensas de tres de los acusados contra Villena por temor de «parcialidad » y le sacó el expediente, aunque sin declarar la nulidad de ninguno de los actos procesales que este llevó a cabo durante la investigación.
Los exespías Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge “Turco” Sáez sostuvieron que Villena no podía estar al frente del expediente porque él mismo había ordenado tareas de inteligencia en las inmediaciones del Instituto Patria y había dispuesto que se interviniera el teléfono público del Penal de Ezeiza, dos hechos que ahora se investigan en este y otro expediente que está en manos de Auge.
La Cámara le encomendó, además, al nuevo juez de la causa que entre los primeros pasos que dé en el expediente se ocupe de definir las situaciones procesales de todos los acusados que ya fueron indagados entre el miércoles y el jueves por Villena en presencia de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.
Ambos seguirán interviniendo en el expediente y su instrucción ya les fue delegada por Auge, como en el caso de la causa en la que se investiga el presunto espionaje ilegal al Instituto Patria y la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
«Resulta imperioso señalar que en la presente causa se investigan hechos de notoria gravedad institucional, que ameritan que sean investigados profundamente con la intervención de un juez sobre quien no recaiga ninguna duda sobre su imparcialidad, y que se encuentre en una clara posición de objetividad para valorar la prueba recolectada y decidir la situación procesal de las personas imputadas», destacó el juez Lemos Arias en su resolución.
Las recusaciones habían sido planteadas por las defensas de los ex espías Melo, Araque y Sáez, exagentes de la AFI, quienes consideraron que el magistrado «ha evidenciado una notable falta de objetividad y buena fue procesal».
Inmediatamente después de conocida la noticia de la recusación de Villena, los imputados detenidos en los últimos días comenzaron a reclamar sus excarcelaciones al nuevo juez de la causa que, antes de decidir deberá correr vista a los fiscales.
Entre los primeros en reclamar su libertad estuvieron Melo y Sáez y rápidamente se les sumó la excoordinadora de Documentación Presidencial durante el gobierno de Mauricio Macri, Susana Martinengo, quien ya tenía el visto bueno de la fiscalía para cumplir prisión domiciliaria y fue indagada anoche entre las 22 de ayer y las 2 de la madrugada de hoy.
Martinengo comenzó su indagatoria destacando que ella es una mujer grande, que tuvo una posibilidad laboral de sumarse a un espacio político y que no cometió los ilícitos de los que se la acusa.
La exfuncionaria aseguró que «nunca» recibió informes de inteligencia, aunque confirmó que mantuvo reuniones con los exagentes de la AFI ahora detenidos, pero que fueron de índole personal para hablar de temas relativos a su carrera política y que con dos de ellos tenía un largo vínculo de confianza.
Según la investigación, la exfuncionaria se reunió al menos doce veces entre 2018 y 2019 con exmiembros de la AFI en su oficina de la Casa de Gobierno.
Ante el juez y los fiscales, Martinengo aceptó declarar, dijo no tener vínculos con Macri y que mantenía un trato formal, de jefe y subordinado, con el secretario privado del expresidente, Darío Nieto, también investigado en el caso.
Fuentes con acceso al expediente informaron a Télam que las declaraciones de Martinengo entraron en contradicción con el contenido de los audios que le hicieron escuchar durante su declaración y que no logró convencer a los investigadores cuando intentó explicarlos.
Al conocerse el fallo de la Cámara Federal de La Plata, la Policía Federal ya había concretado el traslado al juzgado de Lomas de Zamora de los tres detenidos cuyas indagatorias se preveían para la fecha, Javier Bustos, Dominique Lasaigues y Alan Ruiz; mientras que permanecía en rebeldía el buscado exespía Martín Terra.
Todos fueron llevados de vuelta a la sede policial donde están alojados en la ciudad de Buenos Aires, a la espera de nuevas directivas y con sus indagatorias suspendidas.
A los 22 acusados se les atribuye haber sido parte de «una organización con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, integrada por una cantidad indeterminada de personas, entre quienes se encontraban funcionarios públicos y agentes de distintas Fuerzas de Seguridad y de Inteligencia», según surge del expediente.
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«Esta organización se habría dedicado, mediante el uso abusivo y sistematizado de medios investigativos ilegales o bajo un aparente manto de legalidad, a la realización de seguimientos, toma de vistas fotográficas, obtención de video filmaciones, recopilación de datos y confección de informes personales», sostuvo el juez en la lectura de las acusaciones previas a las indagatorias.
También al «acceso ilegítimo a base de datos, a la infiltración en distintos grupos y organización sociales y a provocar el inicio irregular de investigaciones judiciales, entre otras maniobras ilícitas, afectando la intimidad de las victimas».
Además se habría colocado a las víctimas «en situaciones de vulnerabilidad, como ser el desprestigio personal, la violencia moral y la coacción psicológica, entre otras».