Tras las sanciones contra 11 funcionarios venezolanos, Maduro le dio 72 horas a la Embajadora para que abandone el país
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le dio este lunes un plazo de 72 horas a la embajadora de la Unión Europea (UE) en Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa, para que abandone el país, tras las sanciones económicas y migratorias contra 11 funcionarios venezolanos.
“¿Qué poder se arrogan ellos?”, preguntó Maduro en un mensaje televisado desde el palacio presidencial de Miraflores, y agregó: “¿Quiénes son ellos para sancionar? Ya basta. por eso he decidido darle 72 horas a la embajadora de la UE en Caracas para que abandone nuestro país y exigir respeto a la UE.”
“Ya basta del colonialismo europeo contra Venezuela, de la persecución contra Venezuela; ya basta de intervencionismo colonialista, de supremacismo y de racismo”, sostuvo el mandatario, y añadió que si hubiera dificultades por la suspensión de los vuelos debido a la pandemia de coronavirus, “se le presta un avión para que se vaya” la diplomática, según el video de la televisora estatal VTV.
Más temprano, la UE informó que agregó 11 personas a la lista de funcionarios del gobierno de Venezuela a los que aplicó sanciones económicas y migratorias por considerar que son responsables de “actos y decisiones que socavan la democracia y el estado de derecho” en ese país.
Los nuevos sancionados “son responsables en particular de actuar contra el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional (AN, parlamento), incluso despojando la inmunidad parlamentaria de varios de sus miembros, entre ellos su presidente, Juan Guaidó”, explicó la UE en un comunicado publicado en su sitio web.
El organismo los responsabilizó además de “iniciar enjuiciamientos por motivos políticos y crear obstáculos para una solución política y democrática a la crisis en Veneuela, así como graves violaciones de derechos humanos y restricciones a las libertades fundamentales, como la libertad de prensa y expresión”.
Entre los nuevos sancionados figuran Luis Parra, Franklyn Duarte y José Gregorio Noriega, respectivamente presidente y vices de la conducción de la AN escogidos por una minoría oficialista en enero pasado y reconocidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a fines de mayo.
También están Tania Díaz y Gladys Requena, vicepresidentas de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) integrada exclusivamente por chavistas; el segundo vicepresidente del TSJ, Juan José Mendoza; el contralor general, Elvis Amoroso, y el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), general Jorge Márquez.
Completan la nómina el secretario del Consejo de Defensa Nacional, general José Ornelas, y Farik Mora y Dinorah Bustamante, ficales especiales con oficinas dentro de la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), unidad señalada por la oposición y organismos internacionales como responsable de detenciones ilegales.
De ese modo, suman 36 los funcionarios venezolanos sobre los que la UE dispuso la prohibición de viajar a su territorio y el congelamiento de los activos que pudieran tener en cualquiera de los países del bloque.
La UE integra y lidera el Grupo Internacional de Contacto (GIC) que en general mantuvo con respecto a la crisis institucional de Venezuela una postura menos parcial y más promotora del diálogo que la que sostienen otros organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Lima.
Sin embargo, también el GIC repudió en los últimos días las decisiones del TSJ de desconocer la conducción elegida por la mayoría de la AN, nombrar autoridades del Consejo Nacional Electoral e intervenir los dos mayores partidos opositores cuando este año deben realizarse elecciones para renovar la integración del parlamento.