CLG Radio dialogó con el abogado constitucionalista Domingo Rondina, quien cuestionó fuertemente el fallo del juez que maneja la causa Vicentin, y opinó sobre la intervención planteada por Omar Perotti
El conflicto con Vicentin tuvo el viernes pasado un fuerte giro con la controversial resolución del juez de Reconquista Fabián Lorenzini que, entre otras cosas, repuso al antiguo directorio de la empresa. Ahora, es el gobierno provincial el que tomó protagonismo al presentar una intervención alternativa a la de Alberto Fernández.
El viernes el juez Lorenzini dispuso la reposición de los dueños de la cerealera por un plazo de 60 días y estableció que el interventor quede como veedor, aunque se declaró «incompetente» para establecer la constitucionalidad del decreto del gobierno nacional. En este marco, CLG Radio dialogó con el abogado constitucionalista Domingo Rondina, quien analizó el fallo del juez y opinó sobre la intervención de Omar Perotti.
«La resolución del juez Lorenzini es incorrecta, tiene varios problemas. La empresa presenta una demanda para que se declare inconstitucional el DNU y Lorenzini dice que no es competente para determinar eso, y sí lo es. Cualquier juez puede analizar la constitucionalidad de una norma si afecta su actividad jurisdiccional, el debe analizar si la norma es válida o no», comenzó explicando el abogado.
«Luego de declararse incompetente, en vez de separarse de la causa, él mismo empieza a construir una causa diferente en la que según él sí sería competente, como la autosatisfactiva. Él se convierte en un abogado de partes. Otro problema procesal es que las autosatisfactivas se agotan en el dictado de la sentencia, no tienen traslado a la contraria, por eso se llaman así. Sin embargo, él sí le da traslado a la contraria, genera todo un proceso que inventa él y dispone la remoción de los interventores y la restitución del viejo directorio. Además, dispone que los interventores se conviertan en veedores, y él no tiene ninguna autoridad sobre esos dos funcionarios para darles tareas», agregó Rondina.
Además, el abogado santafesino cuestionó: «Hay un problema sustancial gravísimo. Cuando un juez toma una decisión aplica la normativa vigente, no inventa; pero puede decidir no aplicarla cuando considera que es inconstitucional. La normativa vigente que Lorenzini tenía a la vista era el DNU, pero él no declara inconstitucional el decreto, él decide no meterse en eso, entonces según Lorenzini el decreto sigue siendo válido. Es una locura desde el punto de vista constitucional. O declarás inconstitucional la norma y no la cumplís, o la cumplís».
«Es una sentencia con muchos problemas y que tiene que ser apelada por la intervención. No se puede permitir que semejante barbaridad subsista», aseveró. Y señaló: «Lo que me llama la atención es que pese a que la resolución no estaba firme, porque no fue confirmada por la cámara y por lo tanto el Estado no estaba obligado a cumplirla, ese mismo día los interventores juntaron las cosas y se fueron. Eso es raro».
Por otra parte, Rondina se refirió a la intervención planteada por el gobernador Omar Perotti: «La propuesta de Perotti me parece que es buena. Hubo una resolución de la Inspección General de Personas Jurídicas de nuestra provincia la cual dispuso la intervención de Vicentin. La Ley de Sociedades dice que cuando el Poder Ejecutivo dispone la intervención, tiene que pedir la colaboración del juez para ingresar a la firma. Básicamente, el juez tiene que habilitar el ingreso de la Inspección General de Personas Jurídicas a la firma».
«Esta intervención no fue dictada porque sí. Hay una investigación muy contundente de la Provincia donde menciona por ejemplo tres causas penales graves, una en Buenos Aires, una en Paraguay y otra en Estados Unidos; demuestra un entramado de sociedades con asiento principalmente en Uruguay y Rosario, el cual estaba destinado a evadir responsabilidades fiscales. La Provincia hizo una investigación muy concienzuda donde demuestra un montón de irregularidades y por eso dispone la intervención», añadió.
El abogado apuntó que «el pasivo que la misma empresa reconoce es de más de 1.000 millones de pesos». Por lo que denunció: «Todo el patrimonio de Vicentin no alcanza ese monto. Entonces, estamos ante un riesgo cierto de que Vicentin quiebre y que todos los acreedores sean defraudados. La Provincia entonces dice que por la importancia que tiene la empresa, los trabajadores y por la enorme importancia que tiene para la producción provincial, no se puede dejar que se funda».
«Comparada con la de Alberto Fernández, la intervención de Perotti es más profunda porque va sobre la sociedad, es más firme porque dispone lisa y llanamente el desplazamiento sin tiempo de todos los directivos. El problema que tenemos es que los santafesinos no estaríamos expropiando, primero porque no todas las empresas están dentro de la provincia, y segundo porque la gran deuda de Vicentin es con el Estado Nacional. De todas maneras creo que la resolución de Santa Fe es una gran vía, muy inteligente y de efectos mucho más profundos que los que tenía aquella intervención», concluyó.