Este martes la Justicia allanó la sede de la empresa Guardati Torti SA en las torres Nordlink y además varios domicilios particulares de socios de la firma. Secuestraron un arma
La Justicia rosarina allanó hoy la sede de una sociedad de bolsa que está en concurso de acreedores y los domicilios particulares de sus socios por la denuncia de un inversor que reclama una presunta defraudación por 17 millones de pesos.
Los allanamientos, realizados por la Agencia de Investigación Criminal de la Policía local fueron ordenados por el fiscal Mariano Ríos, a raíz de la denuncia de un transportista presentada en mayo pasado, informaron fuentes judiciales.
El denunciante reclama una suma de 17 millones de pesos que había depositado en una cuenta de la sociedad de bolsa Guardati Torti SA a modo de inversión, que no estaba disponible cuando se presentó para retirarla.
Los allanamientos se realizaron en la sede de Guardati Torti SA, en las torres Nordlink de Rosario, y en cuatro domicilios particulares vinculados a los socios de la firma.
En uno de ellos la policía secuestró una pistola 9mm y varias municiones sin registrar, por lo que su ocupante, presidente y principal accionista de la sociedad, Ángel Torti, quedó demorado, informaron los voceros.
Torti renunció en febrero pasado a su cargo de vocal en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) luego de que la sociedad que preside y que opera en el mercado de valores se declarara en cesación de pagos.
La crisis financiera del grupo agroindustrial Vincetin arrastró en febrero pasado a la corredora de cereales Guardati Torti, titular del acopio GYT Plus SA, que entonces anunció su dificultad para afrontar el “cumplimiento temporario de las obligaciones asumidas”.
A la vez, el Matba-Rofex y Argentina Clearing y Registros SA decidieron “prohibir la negociación y el registro de nuevas operaciones” por cartera propia o de terceros del trader, que la semana pasada pidió su propio concurso de acreedores en la Justicia civil y comercial de Rosario.
Fuentes judiciales indicaron que la sociedad arrastra varias denuncias de ahorristas por presuntas estafas, mientras que la Comisión Nacional de Valores (CNV), que regulaba su operatoria, también la denunció en mayo pasado por posible administración fraudulenta.