El presidente del máximo tribunal afirmó que el Poder Judicial "no ha quedado desarmado ni desautorizado para resolver casos" durante las semanas de aislamiento social y obligatorio
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, aseguró hoy que, durante el aislamiento por la pandemia del coronavirus, el Poder Judicial «no ha quedado desarmado ni desautorizado para resolver casos, ni se ha descuidado la protección de los derechos en el marco de la crisis».
Agregó que «muchos tribunales funcionan ya con absoluta normalidad y otros, con restricciones, pero con amplísimas facultades para tratar no solo temas urgentes y prioritarios, sino temas ordinarios de acuerdo con las particularidades de cada jurisdicción».
De esta manera, a través de una columna de opinión publicada en la edición de hoy del diario La Nación, el titular del máximo tribunal le respondió a algunos sectores que le imputa al Poder Judicial haber abandonado «sus responsabilidades institucionales específicas».
«No puede decirse que el Poder Judicial haya desatendido su eminente responsabilidad institucional. Tampoco hay razones para suponer que ello sucederá en el futuro», indicó Rosenkrantz.
En este sentido, afirmó que, «si ello ocurriera -si estuviera equivocado» en su «predicción de que los jueces de la Nación van a estar a la altura de las circunstancias asumiendo sus obligaciones-, no será por la ausencia de regulaciones emanadas de la Corte, sino por claudicaciones personales que la ciudadanía y las instituciones previstas en la Constitución y en las leyes de la Nación se deberán encargar de identificar y reprochar».
«No hay dudas de que el Poder Judicial debe hacer las cosas mejor, en algunos casos muchísimo mejor. Pero lo que ahora se nos imputa -abandonar las responsabilidades institucionales- no es ni acertado ni justo», dijo el magistrado.
En este sentido, aclaró que, en el marco de la pandemia, «desde el primer día, la Corte decidió seguir muy de cerca los lineamientos fijados por el gobierno nacional» y agregó que «esa decisión no fue producto de la subordinación operativa ni de un seguidismo caprichoso», sino que «resultó necesaria por las características del funcionamiento del Poder Judicial».
El juez recordó que «la Corte decidió, apenas declarada la emergencia, suspender los plazos procesales, aunque sin disminuir sus actividades (acordada 4/2020)» y recordó que «recién después, cuando el gobierno nacional dispuso el aislamiento obligatorio generalizado, decretó una feria».
Rosenkrantz explicó que se designaron «jueces y funcionarios de guardia o turno» y se dieron «amplias facultades a cada cámara federal» para tratar cuestiones urgentes.
«Además, se facultó a todos los magistrados, funcionarios y empleados a realizar trabajo remoto aunque no fueran jueces o funcionarios del personal de guardia o turno», manifestó el juez en su columna.
También indicó que, con el correr de los días, «se amplió progresivamente el rango de materias que podían ser tratadas por los tribunales».
Tras enumerar varios aspectos en los que estuvieron trabajando los tribunales, y cómo el servicio de justicia se fue rehabilitando en varias provincias, Rosenkrantz indicó que «la adopción de todas estas medidas muestra que no es verdad que el servicio de justicia esté inactivo o inhabilitado para tratar los casos que requieren solución inmediata».