Lo confirmó el presidente Fernández, acompañado del ministro de Desarrollo Productivo
El presidente Alberto Fernández y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, manifestaron este domingo la voluntad del gobierno nacional de avanzar para el futuro de Vicentin con un esquema de empresa mixta, similar al de YPF, una vez que se haya llevado a cabo su expropiación.
En ese sentido, el Presidente aseguró que el Gobierno está «intentando rescatar una empresa que está al borde de la quiebra», algo que es necesario hacerlo mediante una expropiación «por una cuestión de transparencia» y que «el objetivo más prioritario es que la empresa vuelva a producir y exportar, como corresponde».
«Yo no puedo pensar en un país que necesita crecer en default y tampoco puedo ver impávido cómo se cae una empresa de la talla de Vicentin, donde los mismos accionistas dicen ‘no tenemos cómo salvarla’, que no pueden hacerse cargo de nada y me piden que el Estado se haga cargo sin necesidad de dictar una ley de expropiación, pero uno debe hacerlo por una cuestión de transparencia exclusivamente», afirmó Fernández en diálogo con Radio 10.
Al respecto, el Presidente sostuvo que el mercado agroexportador «es muy importante» y que «por eso nosotros rescatamos a Vicentin de lo que es un camino seguro al precipicio, que termina con la quiebra de Vicentin o con el pase de Vicentin a manos privadas y capitales extranjeros».
«Yo advertí -agregó- que el riesgo es muy grande y que seguramente al Estado no le haría mal tener una empresa testigo como es YPF en el mercado de hidrocarburos, una empresa testigo no supone la intervención sobre otras empresas».
Asimismo, dijo no creer que haya que «dictar normas para regular más allá de lo que ya existe en el mercado granario», pero que sí el Estado puede tener «una empresa que de algún modo promueva el desarrollo del sector».
«El único instrumento que advierto para rescatar Vicentin es la expropiación, porque el Estado no tiene otro elemento, porque por ley los bancos públicos no pueden capitalizar deuda y porque YPF Agro no es una sociedad anónima, es una unidad de negocios que depende de YPF que es una empresa cuyo objetivo es la explotación básicamente de hidrocarburos y el vínculo de YPF y la agricultura tiene que ver con productos que YPF tiene para la fertilización del campo pero no la explotación agrícola y mucho menos la exportación de cereales», afirmó el Presidente.
«Intento rescatarla porque allí hay 2.600 productores agrícolas estafados, porque hay 2.000 personas que trabajan, porque la ciudad de Avellaneda vive de Vicentin, porque es un operador muy importante en el mundo cerealero y en la exportación de cereales de Argentina y porque ese mercado es estratégico para el desarrollo económico argentino y en ese contexto tiene mucho sentido que el Estado tenga una empresa testigo», cerró el Presidente.
Sobre le futuro de la empresa, Kulfas dijo que la participación de los actuales acreedores comerciales -como Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), a quien la empresa debe US$ 90 millones- como parte de la empresa y tener participación en un directorio «es una posibilidad muy clara y nos interesa muchísimo».
«Estamos hablando de un esquema como el que funciona en YPF, que es una empresa mixta, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, tiene un management absolutamente profesional y tiene un directorio con representantes del Estado nacional y las provincias petroleras», afirmó Kulfas en una entrevista publicada hoy en La Capital.
Y agregó: «El modelo YPF funciona muy bien y tiene mucho para dar. Ese es el modelo pensado para esta empresa mixta. Y hay sectores que se mostraron interesados en participar».
Por su parte, los accionistas de la compañía emitieron hoy una solicitada que calificó de «injusta, arbitraria e ilegal» la intervención ya que «inhabilita todas las negociaciones que la compañía venía llevando adelante para alcanzar una solución en el ámbito privado y deja como única opción, la estatización de la empresa».
«La intervención y el proyecto de expropiación que sostiene el actual gobierno en cabeza del presidente Alberto Fernández, viola las garantías constitucionales, elude de manera arbitraria la independencia de poderes de una Nación y pone en jaque la confiabilidad en las instituciones que requiere toda República democrática», aseguraron los accionistas.