Año a año se fue sumando asistencia a los sectores más vulnerables de la población, contabilizándose 25 planes en la actualidad, pero las políticas de fondo nunca llegaron y pronto el 50% de los argentinos se encontrará debajo de la línea de pobreza
Argentina cuenta actualmente con 25 tipos de planes de asistencia que se financian con la emisión monetaria y la alicaída recaudación tributaria. A pesar de la gran ayuda estatal que incluso se potenció durante la pandemia del coronavirus, es probable que pronto se llegue a que el 50% de la población argentina se encuentre debajo de la línea de pobreza, lo que demuestra el fracaso de las políticas llevadas adelante durante décadas.
Cronología de la ayuda estatal
En el año 1984 en el primer gobierno de la vuelta a la democracia de Alfonsín comenzó, a través de las cajas del Plan Alimentario Nacional (PAN), el primer plan organizado de ayuda alimentaria en el país. Más tarde, en el año 1989, Menen instauró el plan conocido como del Bono Solidario, y un año después se puso en marcha en Buenos Aires el Plan Integral Alimentario y Solidario (PAIS); luego apareció a nivel nacional el Plan Trabajar, y así continuaron los planes que cada vez incorporaban a más habitantes y necesitaban de más recursos.
Con la crisis del 2001, en donde más de la mitad de la población cayó por debajo de la línea de la pobreza, se sucedieron el programa Jefes y Jefas de hogar. Más cercano en el tiempo apareció la Asignación Universal por Hijo, que posteriormente en el 2016 también incorporó al beneficio a los hijos de los pequeños contribuyentes (monotributistas). El periodista José Luis Ceteri, especialista en temas fiscales, describió los planes que rigen actualmente en el país en un extenso informe publicado en El Cronista.
- Plan Nacional de Seguridad Alimentaria: El Programa busca cubrirlos requisitos nutricionales de niños de hasta 14 años de edad, embarazadas, discapacitados y adultos desde los 70 años en condiciones socialmente desfavorables y de vulnerabilidad nutricional. Los grupos poblacionales prioritarios son las mujeres embarazadas, niños de hasta 5 años de edad y poblaciones con mayor vulnerabilidad nutricional.
- Plan Nacional de Protección Social: Hogares con niños y niñas entre 0 y 4 años en situación de indigencia y/o extrema pobreza, las personas que integran su núcleo familiar y la comunidad donde viven.
- Plan Nacional de Primera Infancia: Niños y niñas de 0 a 4 años en situación de vulnerabilidad.
- Becas progresar: Jóvenes de entre 18 años y 24 años inclusive. En estudiantes avanzados, hasta 30 años. Estudiantes pertenecientes a pueblos originarios sin tope de edad. Estudiantes con alguna discapacidad debidamente certificada, sin tope de edad.
- Tarifa social de energía eléctrica y gas natural.
- Programa Hogar: Con alcance a todas las localidades del país que no cuenten con acceso a la red de gas natural.
- Programa SUMAR: Brinda cobertura de salud a la población materno infantil, niños/as y adolescentes de 6 a 19 años y a las mujeres y hombres hasta los 64 años, a través de los efectores de salud de las jurisdicciones.
- Incluir Salud: Brinda cobertura de salud a los titulares de pensiones no contributivas.
- Servicio Nacional de Rehabilitación. Certificado único de discapacidad.
- Prestación por invalidez, para trasplantes, para madres de 7 o más hijos.
- Pensión honorífica a veteranos de guerra del Atlántico Sur.
- Pensión no contributiva por vejez.
- Pensiones graciables y de leyes especiales.
- Programa Hacemos Futuro: Destinado a personas físicas y/o hogares en situación de alta vulnerabilidad socioeconómica, en situación de desocupación, que no cuenten con prestaciones de pensiones, jubilaciones nacionales, ni planes de ingreso nacionales o provinciales.
- Proyectos productivos comunitarios: Trabajadores/as de la economía popular que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad social y económica.
- Monotributo social.
- Jóvenes con más y mejor trabajo: Jóvenes de 18 a 24 años de edad, inclusive, que residen en forma permanente en el país, que no hayan completado el nivel primario y/o secundario de educación formal obligatoria y que se encuentren en situación de desempleo.
- Otros planes nacionales de empleo: Trabajadores desocupados o con problemas de empleo.
- Seguro de capacitación y empleo.
- Seguro de desempleo, con la actualización que tuvo en los montos en momentos de la pandemia.
- Pensión universal adulto mayor (PUAM).
- Asignación universal para protección social (hijo e hijo con discapacidad).
- Asignación embarazo para protección social.
- Asignación familiar hijo/ hijo con discapacidad.
- Asignación familiar prenatal. A todas estas ayudas nacionales hay que sumarles las jubilaciones y pensiones.
Cuando la pandemia del coronavirus paralizó la actividad económica, apareció otra vez el Estado, a través de decretos de necesidad y urgencia. Primero se emitió el 332, disponiendo el beneficio de postergación o reducción de hasta el 95% de la contribución patronal destinada al Sistema Previsional Argentino (SIPA), que equivale al 10,77% que abonan las Pymes y al 12,35% las demás empresas que no lo son.
Luego, vino el salario complementario para los meses de abril y mayo, en donde el Estado se hizo cargo del 50% de los sueldos netos que pagan las empresas, con los límites de un salario mínimo vital y móvil ($ 16.875) y dos ($ 33.750). Adicionalmente, aparecieron créditos a tasa cero, destinado a Monotributistas, Autónomos y el salario complementario para determinadas actividades y el Ingreso Familiar extraordinario (IFE).
Es probable que algunos de estos aportes del Estado queden cuando pase la pandemia. Aquella carrera que comenzó en 1984 y que parece no tener solución estaría demostrando el fracaso de todos los gobiernos que se sucedieron. El resultado es fácil de comprobar: a pesar de toda la ayuda, la pobreza pronto podrá llegar al 50% de la población.
Los recursos tributarios
Las reformas tributarias de los últimos cinco años, realizadas por los dos gobiernos, muestran una matriz diferente, pero los actores perjudicados son siempre los mismos. La síntesis de la dirección tomada en el inicio del gobierno de Cambiemos, indica que con las reformas de los impuestos nacionales y provinciales se trató de privilegiar a las empresas en lugar de las personas.
La idea era que con esas medidas se produzca el mundialmente conocido como “efecto derrame”, mejorando la situación de las empresas para que luego ese benefició les llegue a los trabajadores y así a toda la sociedad. Pero eso no ocurrió. Sin embargo, como en Argentina en poco tiempo todo cambia, ante los resultados de las elecciones PASO del año pasado el gobierno de Mauricio Macri tuvo que virar y a partir del 12 de agosto se aplicaron medidas diferentes, con modificaciones impositivas en favor de las Pymes y de los contribuyentes individuales. Pero no alcanzó.
En diciembre llegó el nuevo gobierno que deshizo mucho de lo que había realizado su antecesor, cambiando el orden de las cosas, pasándose de un efecto derrame a otro, que podría llamarse de “ebullición”, suponiendo que la dirección de todos los beneficios de la nueva matriz tributaria tiene que inclinarse a favor de los sectores de bajos recursos. Ese camino inicial, se confirmó más aún a través de todas las regulaciones que se implementaron a raíz de la pandemia sanitaria. En ese sube y baja, que se produjo en los últimos 5 años, nunca se logró una posición desequilibrio, en la cual el sector de la clase media, que solventó y solventa con el pago de los impuestos las dos matrices que fueron aplicadas en todos estos años, pueda tener algún alivio fiscal.
Desde hace muchos años, en Argentina conviven cinco actores que frente a los tributos tienen situaciones diferentes. Están conformados por el sector formal de la economía; los que circulan por el sector informal; la clase pasiva; los “blanqueadores” ocasionales; y por último, algunos sectores de Estado que tienen privilegios de exenciones tributarias.
El primer grupo está integrado por los contribuyentes autónomos, los empleados en relación de dependencia y las empresas, cualquiera sea su tamaño y el formato o el tipo societario que adquieran para funcionar. Por otro lado, existe un sector informal que contribuye muy poco, limitándose únicamente al pago de los impuestos al consumo, en la etapa final de la cadena, que es el momento en que adquieren bienes o servicios que consumen.
También, existe un sector que no paga los impuestos que tendría que pagar; espera que, cada tanto,se habilite un blanqueo de capitales para limpiar, en forma mínima,su pasado tributario. También, está la clase pasiva que tributó oportunamente cuando desarrollaba su actividad, pero como cada tanto el Estado ingresa en estado de necesidad por el déficit fiscal, tienen que seguir haciéndolo.
Existe un quinto actor que está representado por el Poder Judicial, que no paga el Impuesto a la renta (Ganancias) a pesar que la ley 20.628 no lo exime, sino que no lo hace porque a través de una acordada de la Corte Suprema (20/96) se declaró la inaplicabilidad de la derogación de la exención en el impuesto para los magistrados y los funcionarios del Poder Judicial de la Nación que se había realizado en 1996. Ayuda social, pobreza y recaudación tributaria; está claro, que siguiendo el mismo camino y repitiendo los mismos errores no se llegará a ningún resultado diferente.