"El sótano de la democracia", como lo denominó Alberto Fernández cuando firmó el decreto de su intervención, logró avances históricos en seis meses
El jueves próximo se cumplen 180 días corridos y finaliza la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia, una decisión política que decretó Alberto Fernández apenas asumió su cargo. Sin embargo, en pleno debate por la gestión de Gustavo Arribas, la medida será prorrogada y la ex fiscal Cristina Caamaño continuará al frente del organismo espía. Durante su gestión, la agencia creada en 2015 tuvo profundas modificaciones como hacer pública la información presupuestaria casi en su totalidad.
«En el mismo sentido de transformación profunda, he decidido que sea intervenida la Agencia Federal de Inteligencia, para impulsar así una reestructuración de todo el sistema de inteligencia e información estratégica del Estado», manifestó el mandatario en su discurso de asunción, en el que definió al organismo como el «sótano de la democracia».
Días después, el 21 de diciembre, el jefe de Estado oficializó la intervención de la ex-SIDE a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 52/2019 y designó a la referente de Justicia Legítima para hacerse cargo de tamaña tarea: el plazo fue de 180 días corridos, que se cumplen el próximo jueves.
Según supo Noticias Argentinas, la ex fiscal será ratificada en el cargo y continuará en su gestión.
Desde su llegada a la AFI, Caamaño logró avances destacados en un organismo históricamente cuestionado: uno de sus principales medidas fue transparentar la información presupuestaria y hacerla pública casi en su totalidad, salvo por un porcentaje que permanece confidencial para el funcionamiento de la inteligencia.
Además, denunció ante la Justicia Federal supuestas tareas de espionaje ilegal durante la anterior gestión en contra de dirigentes políticos y periodistas, luego de hallar discos rígidos y documentación con información recogida sobre esas personas.
A la vez, Caamaño acordó con la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) la designación de un auditor para controlar los procesos y la administración del organismo por primera vez: el elegido fue Leonardo Gerlah Llaya.
En medio de la pandemia de coronavirus, el organismo espía entregó 88.627.836 pesos, provenientes de excedentes presupuestarios, al Ministerio de Salud, para la atención de personas infectadas con COVID-19.
También resolvió que «los medios técnicos y humanos» de la AFI se aboquen al «estricto cumplimiento» de las tareas de «producción de inteligencia nacional y de inteligencia criminal» referidas a delitos de terrorismo, federales complejos y contra los poderes públicos y el orden constitucional: en ese marco, estableció «la reducción al mínimo de los casos posibles el ejercicio de las funciones de investigación criminal» como «auxiliar de Justicia».
Otro dato destacado de la gestión de la referente de Justicia Legítima fue el convenio firmado para que los agentes perciban sus salarios a través de una cuenta sueldo y así bancarizarlos, ya que hasta ese momento los espías cobraban sus sueldos de forma personal y en efectivo.
En la intervención también se modificó la estructura organizativa de la AFI: se eliminó de forma provisoria la figura del subdirector general, hasta que se discuta en el Congreso sobre la Ley de Inteligencia vigente; y se crearon las secretarías de Producción de Inteligencia Nacional, de Planificación de la Inteligencia Nacional y de Administración y Apoyo.
Al comienzo de su gestión, avanzó en la recuperación de escuchas y documentación sobre los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, ya que las había encontrado arrumbadas en un depósito de la AFI en malas condiciones.
La ex fiscal también rubricó un acuerdo con Aerolíneas Argentinas para que los viajes oficiales de agentes de la AFI sean contratados a través de la agencia estatal Optar, luego de que detectara irregularidades y precios excesivos en la compra de pasajes y otros servicios turísticos.
También creó el Programa de Protección de Registro y Archivo para analizar 250 mil fichas sobre personas, casos, organizaciones e instituciones almacenadas en microfilms, así como un volumen importante en otros soportes: el objetivo es compulsar, recopilar y sistematizar la información elaborada desde la creación de la ex-SIDE hasta el 9 de diciembre de 1985, cuando se dictó la sentencia del Juicio a las Juntas.
También dispuso que «toda comunicación verbal o escrita efectuada» por integrantes de cualquier poder de cualquier jurisdicción a agentes de Inteligencia «deberá ser informada de forma inmediata» a las personas a cargo del área en la que reviste el espía involucrado; así como prohibió el uso de polígrafos con el personal de la AFI.
Finalmente, Caamaño creó un Programa Integral de Géneros para incorporar la perspectiva de género y brindar respuesta ante hechos de violencia de género u orientación sexual en el ámbito de la AFI y, en ese marco, brindó junto a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, la primera capacitación para los agentes en el marco de la Ley Micaela.