El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ), Emilio Castrillón, aseguró que sería «excesiva» la posibilidad de aborto legal, seguro y gratuito en Argentina.
«Yo creo en una no punibilidad más extendida que la que existe hoy en casos puntualmente regulados, pero no en el libertinaje», dijo Castrillón. En diálogo con el portal de noticias APF, el titular del STJ consideró: «En el juego del valor de la persona portada y de la libertad de la persona portadora debe estar el análisis de la no punibilidad y no del libertinaje que no soluciona nada».
«Hoy hablamos del embrión y la posibilidad de unir un óvulo con un espermatozoide fuera del cuerpo de la mujer y luego introducirlo, pero al ingresarlo en la mujer ¿es persona o no es persona?», preguntó Castrillón. En ese sentido, indicó que se habla «del valor de la persona que lo porta y del valor de la persona que es portada y el valor de esta última persona debe ser defendido por un defensor», por eso, la aprobación del aborto «sería lisa y llanamente excesiva». Por eso, solicitó que «el aborto no punible tenga una regulación aggiornada a la realidad actual» debido a que «no es la misma situación y la sociedad ha cambiado para bien y para mal».
El 20 de septiembre de 2007, la Sala Civil del STJ que conformaba Castrillón firmó un fallo en el que se permitió la interrupción del embarazo a una joven de 19 años con la edad mental de una nena de 5 que fue violada por un familiar. El caso había llegado al Tribunal luego de que la jueza de Familia y Menores, Claudia Salomón y la defensora de Pobres y Menores, Marcela Piterson, ordenaran que profesionales de la salud se abstengan a realizarle la interrupción.
La operación se realizó en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde la joven fue trasladada por el Ministerio de Salud de la Nación. La chica, acompañada por su madre, partió de Paraná luego de conocerse la resistencia de los médicos del Hospital Materno Infantil San Roque, que por segunda vez en menos de un mes se negaron a interrumpir el embarazo. En ese entonces, el actual presidente del STJ indicó que el Estado «puede, de oficio, interferir en la decisión libre y voluntaria que pudieran tomar quienes por imperio de la ley ejercen la representación de la menor aminorada mental, violada y embarazada».