A través de un comunicado, los accionistas hicieron saber que dialogaron con los representantes de la intervención
Luego del anuncio del Gobierno, los accionistas de la empresa Vicentin anunciaron hoy que tomaron contacto con los interventores designados en la compañía con el fin de «preservar la paz social». El presidente Alberto Fernández dio a conocer que enviará un proyecto de ley para su expropiación.
Tras las protestas contra la decisión del Gobierno nacional realizadas el martes en varias ciudades santafesinas, los dueños de la compañía hicieron un llamado a la calma.
«La compañía hace saber que, con la finalidad de preservar la paz social, evitar perjuicios para el patrimonio de la compañía y preservar los derechos de los acreedores, ha tomado contacto con los representantes de la intervención», dijeron en un comunicado.
Aseguraron buscar que «con la insoslayable participación del juez a cargo del concurso preventivo de Vicentin SAIC, se defina y determine el alcance de la intervención dispuesta».
El comunicado fue firmado por el Directorio de Vicentin desde la Administración Central de la empresa, ubicada en la ciudad del norte santafesino Avellaneda, donde el grupo empresarial comenzó sus actividades hace 90 años.
Vecinos de Avellaneda se manifestaron este martes en la sede de la empresa agroindustrial para rechazar la decisión del Gobierno de intervenir la compañía ante una deuda que ronda los u$s 1.350 millones.
La convocatoria fue impulsada por el intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpin, quien en sus redes sociales realizó una publicación titulada: «No a la expropiación».
Cientos de personas participaron de la manifestación en las calles y rodearon el edificio con banderas argentinas.
El presidente Alberto Fernández anunció el lunes la intervención de Vicentin y el envío al Congreso un proyecto de ley para declararla «de utilidad pública y expropiación».
El 80% de la deuda financiera de Vicentin está en poder del Banco Nación, que le otorgó los préstamos durante la gestión de Javier González Fraga, en el gobierno anterior. Asimismo, la empresa tiene deudas con el Estado por más de $9 mil millones en impuestos y conceptos aduaneros, y acumula impagos por la compra de granos a centenares de cooperativas. El riesgo de una quiebra podría afectar a dichas empresas, al mismo tiempo que facilitaría el ingreso de multinacionales en Vicentin generando una mayor concentración del sector.
El Gobierno designó como interventor de la empresa al experto en temas agropecuarios Gabriel Delgado, quien fue secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca entre 2013 y 2015, es doctor en Finanzas de la Universidad CEMA y economista del INTA. Con la intervención, buscan sostener el funcionamiento de la empresa, asegurar el pago de sus deudas y al mismo tiempo tener un pie en el sector agropecuario, donde tendrá la posibilidad de obtener divisas genuinas a partir de las exportaciones.